Gobierno ingresa proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo con plazos

Este miércoles 28 de mayo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, anunciaron el ingreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos al Congreso.

La iniciativa fue comprometida por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la Cuenta Pública 2024, junto con anunciar la modificación del reglamento para mejorar la implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo (IVE) en 3 causales. La Contraloría General de la República tomó razón de estas modificaciones el pasado 23 de mayo, lo que permitirá fortalecer el acceso de las mujeres y las niñas que lo requieren a este derecho ya consagrado en la Ley.

Habiendo cumplido este compromiso, las autoridades de Gobierno anunciaron el ingreso del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y establece mecanismos en el sistema de salud para ello. La iniciativa mantiene las normas de objeción de conciencia establecidas en la ley chilena, tanto personal como institucional; busca garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible, así como el acceso a la información.

“A quienes nos escuchan, en especial a quienes han abortado -que sabemos por estadísticas que son miles en nuestro país- queremos que sepan que el Gobierno de Chile considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales y que no deben seguir siendo perseguidas penalmente, sino que por el contrario debemos abrir la salud pública para esto. Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales; ninguna mujer se embaraza para abortar. Queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones, según en lo que se basen, tengan un espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo”, expresó la ministra Antonia Orellana, quien además señaló que “A 35 años de que se ilegalizara vía decreto antidemocrático, hoy abrimos la discusión en el Congreso”.

“Nosotros tenemos razones sanitarias como para empujar esta política”, señaló por su parte la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien explicó que “si bien hemos avanzado mucho en temas de regulación de la natalidad, siempre siguen ocurriendo abortos y el que sea en clandestinidad produce riesgos para la salud de las mujeres, riesgos que finalmente se traducen en hospitalizaciones que son aproximadamente más de 20.000 al año, y cerca de 260.000 en un acumulado de más de 10 años, aproximadamente. También se producen muertes que, si bien afortunadamente no es la situación que ocurría 60, 70 años atrás, donde era una causa muy importante de muerte, siguen ocurriendo fallecimientos, alrededor de cuatro por año y son situaciones que nosotros no podemos dejar de ver”.

En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde,planteó “la importancia que tiene para una sociedad democrática, en pleno siglo XXI, tener un debate con altura de miras, en un marco de respeto recíproco respecto de las distintas miradas. Aquí más que discutir sobre la base de prejuicios o caricaturas, lo que se requiere es tener a la vista la evidencia científica y sobre todo, que se desarrolle un debate en una propuesta que han discutido otros países del mundo y democracias avanzadas”. Asimismo, la autoridad llamó a “que la voz de las mujeres sea escuchada en este debate”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que “actualmente las mujeres que cometen aborto se encuentran criminalizadas o penadas en nuestro sistema u ordenamiento jurídico. Y eso es precisamente lo que con este proyecto se quiere terminar, es decir, que las mujeres que hasta un cierto plazo realicen un aborto por distintas razones, no se vean expuestas a ser perseguidas penalmente”.

Según una investigación de la Corporación Miles, entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto, incluso, cuando en el 10% de los casos se trataba abortos espontáneos acreditados.

Avances del Gobierno en derechos sexuales y reproductivos

En octubre de 2022, a través del Minsal, se ingresaron las agresiones sexuales agudas al sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES). Desde entonces, se han atendido 4.590 personas, de las cuales 4.018 corresponden a mujeres y 1.958 a personas menores de 19 años.

Asimismo, se redujo el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente entre las mujeres, por medio del Ministerio de Salud y con la colaboración de la Central de Abastecimiento CENABAST, y se implementó, junto al Instituto de Salud Pública, una nueva medida que instruye el retiro de anticonceptivos defectuosos en un máximo de cinco días, además de la obligación de emitir un mensaje de advertencia a las consumidoras, acciones que previamente no ocurrían, afectando a cientos de mujeres.

Además, este año el Ministerio de Salud incorporó nuevas coberturas de Fonasa con foco en la salud sexual y reproductiva, entre ellas, la del examen de la hormona antimulleriana (AMH), una herramienta esencial para evaluar la reserva ovárica, crucial para las mujeres que planifican su maternidad. Asimismo, en el marco de la actualización en el arancel de la Modalidad de Libre Elección, se amplió la cobertura a tratamientos para la endometriosis y dispositivos anticonceptivos hormonales de larga duración.

En enero de 2023, el MinMujer y el Minsal presentaron un Manual de Fiscalización de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde entonces se han realizado cerca de 130 fiscalizaciones en todas las regiones del país.

Es importante señalar que durante los 7 años de vigencia de la Ley IVE en 3 causales, se han constituido

6.249 casos de mujeres y niñas que han llegado a un centro de salud en una de las tres causales. El 85% de ellas ha decidido interrumpir su embarazo y el 15% continuarlo. La edad donde se constituyen más casos por ley IVE en la causal de violación son los 13 años. Es importante recordar que en estos casos, los establecimientos de Salud están obligados a denunciar el delito de violación.