Gobierno promueve la Ley de Inclusión Laboral en el Maule
Con la participación de autoridades regionales, de la comuna de Maule y entidades privadas vinculadas al empleo inclusivo, se llevó a cabo la jornada Promoción de la Ley de Inclusión Laboral a fin de compartir experiencias, soluciones concretas y modificaciones a la normativa vigente que promueven una mejor integración al trabajo de personas con discapacidad.
Durante el encuentro, la seremi de Desarrollo Social y Familia del Maule, Sandra Lastra hizo un llamado “a las empresas públicas, a los municipios, a los diferentes entes del Estado para que también puedan incorporar a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de Senadis, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, estamos trabajando en los reglamentos para poder mejorar esta Ley de Inclusión Laboral y poder incorporar otros elementos que entreguen garantías a las personas que tienen algún grado de discapacidad”.
Por su parte, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Carla Matteo, se refirió a las modificaciones presentes en la Ley de Inclusión Laboral que, en agosto del 2024, fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso, considerando aspectos claves que no respondían de manera efectiva a la contratación de personas con discapacidad.
“Después de la evaluación que hemos hecho durante todo este periodo entendimos que, más allá de cumplir con una cuota de contratación, lo que se requiere es cambiar la cultura organizacional, tanto en el ámbito público y privado, porque no solamente basta con contratar si no que necesitamos hacer ajustes necesarios, considerar las necesidades porque el acceso al trabajo es un derecho para y todos y todas”, concluyó.
Los cambios
En términos generales, las principales modificaciones que realiza la Ley de Inclusión Laboral son:
- Aumenta del 1% al 2% la cuota de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez en empresas de 100 o más personas trabajadoras y en instituciones públicas de 100 o más personas funcionarias.
- Modifica el régimen de multas aplicables para el sector privado ante el incumplimiento de las obligaciones contempladas en la ley de inclusión laboral.
- Modifica las normas que regulan el ingreso y permanencia en la Administración del Estado, municipios y en el cargo de asistente de la educación pública, con respecto al requisito de salud compatible con el cargo y al requisito de tener enseñanza media completa.
- Se refuerza la fiscalización en el sector público, entregándole expresamente esta función a la Contraloría General de la República.
