Avanzamos con Proyecto de Ley de Protección a Dirigente Sociales
Chile avanza hacia un reconocimiento más justo y concreto del rol que ejercen las dirigentas y los dirigentes sociales. Personas que, sin más motivación que el bien común, dedican su tiempo, energía y compromiso a liderar organizaciones sociales, y que muchas veces en contextos de vulnerabilidad, enfrentan no sólo grandes desafíos organizativos, sino también amenazas, agresiones y hostigamientos por ejercer su labor.
En un país que reconoce constitucionalmente la autonomía de las organizaciones sociales y que declara que el Estado está al servicio de las personas y el bien común, no es aceptable que liderazgos comunitarios sean víctimas de violencia simplemente por cumplir su rol. Las juntas de vecinos, las organizaciones funcionales y las de interés público son vehículos de participación ciudadana y también espacios donde se construye democracia en lo cotidiano.
Por eso, la tramitación del proyecto de Ley de Protección a Dirigentes Sociales, que establece una agravante penal para delitos cometidos contra dirigentas y dirigentes sociales, constituye una señal política clara de respaldo institucional. Esta modificación al Código Penal permitirá aplicar penas más severas cuando amenazas, lesiones u homicidios sean motivados por el ejercicio dirigencial de la víctima. Es una medida disuasiva y un acto de justicia con quienes enfrentan riesgos por representar a sus comunidades y territorios.
Tras la demanda de las propias organizaciones sociales y años de tramitación en el Congreso, este lunes el proyecto será votado en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Llamamos a los parlamentarios y parlamentarias, a seguir avanzando en esta iniciativa, que permitirá reconocer el valor del liderazgo territorial, visibilizar el impacto que tiene la violencia en estos espacios y reforzar el compromiso del Estado con una democracia que se construye entre todos y todas.
Entendemos que la protección no puede limitarse al ámbito penal. Por eso, desde el Gobierno hemos impulsado también la Escuela de Formación Social en Seguridad y Prevención Comunitaria, desarrollada junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, fortaleciendo capacidades y creando redes de apoyo para que las dirigencias sociales ejerzan su rol con mayor seguridad y acompañamiento.
Proteger a las dirigentas y dirigentes es proteger la democracia. Es cuidar a quienes, desde la organización barrial o comunitaria, sostienen la participación, la solidaridad y la esperanza. Esta ley es un paso necesario para que el liderazgo social florezca con libertad y seguridad, sin temor, con toda la fuerza transformadora que tiene cuando nace desde las comunidades.
Por Nataly Rojas Seguel.
Seremi de Gobierno del Maule
