Financiamiento y responsabilidad pública: lo que muestran realmente los datos en educación
En el debate reciente sobre educación pública se ha instalado una afirmación que no resiste el contraste con los datos: que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) recibirían “cuatro veces más recursos” que la educación municipal. Esa afirmación es falsa.
Conviene partir por un hecho básico. El diseño de la Ley N.º 21.040 no modificó el sistema de financiamiento escolar; cambió la forma de gestión de la educación pública. En ese marco, los datos oficiales de ejecución presupuestaria 2024 y del Sistema Nacional de Información Municipal muestran que el financiamiento per cápita anual de la educación municipal alcanza alrededor de $3.680.000, considerando 277 sostenedores municipales y aproximadamente 1.080.000 estudiantes. En el caso de los SLEP, el financiamiento per cápita es de alrededor de $3.950.000, considerando 15 SLEP en régimen en 2024 y aproximadamente 230.000 estudiantes. La diferencia real es menor al 7%, no del 400%.
Esta cercanía es plenamente coherente con la ley. Parte de la diferencia observada se explica, además, por la composición de la matrícula, que incide directamente en los montos de subvención asociados a vulnerabilidad y necesidades educativas.
¿De dónde surge entonces el “4 a 1”? De una comparación parcial y sesgada. Se consideran solo algunos fondos específicos —como FAEP o FIGA— y se los presenta como si representaran el total del financiamiento educativo. Ese recorte omite ingresos que sí reciben los municipios, como las recuperaciones por licencias médicas de FONASA, a las que los SLEP no acceden al operar como servicios públicos. Omite también que los municipios pueden endeudarse para financiar educación, algo expresamente prohibido para los SLEP.
Defender el sistema no implica negar los problemas. Casos como el ocurrido en Atacama, donde se evidenciaron fallas graves de gestión, fueron inaceptables. El Estado se hizo cargo: se adoptaron medidas inmediatas y el Ministro de Educación destituyó al director del SLEP, quien había sido nombrado por la propia autoridad. Eso es asumir responsabilidad política y administrativa, no eludirla. Lo relevante es que hoy el sistema cuenta con herramientas para corregir estas situaciones.
Junto a esas dificultades, existen datos que muestran avances concretos. A comienzos de 2026, 36 Servicios Locales de Educación Pública se encuentran en funcionamiento, con distintos niveles de instalación y años de administración efectiva del servicio educativo, de un total de 70 proyectados hacia 2030. Esta diversidad debe considerarse al evaluar resultados.
En aprendizajes, los resultados SIMCE 2024 indican alzas significativas en la educación pública administrada por SLEP: +20 puntos en Matemática en 4° básico y +13 puntos en Matemática en enseñanza media, correspondientes a las cohortes más antiguas del sistema. En la PAES, entre 2025 y 2026, los SLEP registraron mejoras promedio de +6,6 puntos en Matemática 1 y +9 puntos en Competencia Lectora. De acuerdo con los análisis oficiales, en Matemática 1 los SLEP mejoran a un ritmo superior al del sector municipal, aun cuando concentran a los estudiantes de mayor vulnerabilidad social y educativa.
También se observan avances en las trayectorias educativas: recuperación de la asistencia, disminución de la desvinculación escolar y fortalecimiento del apoyo técnico-pedagógico en los territorios. Nada de esto resuelve todos los desafíos, pero sí desmiente la idea de un sistema que “gasta cuatro veces más” sin resultados: ni gasta cuatro veces más, ni carece de avances.
La Nueva Educación Pública es una política de Estado en construcción. Se fortalece con correcciones oportunas, responsabilidad frente a los problemas y una discusión informada. El punto de partida es simple: evaluar y mejorar la educación pública con datos reales, no con cifras falsas, y con una mirada de largo plazo.
Por Rodrigo Egaña Baraona
Director de Educación Pública
