Kast se somete a test de drogas y anuncia ley para exigir examen de pelo a todo el espectro político

Cumpliendo con el compromiso anunciado a inicios de semana, el Presidente José Antonio Kast acudió este miércoles a las 10:00 horas a las dependencias de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para someterse a un test de drogas capilar. Tras el procedimiento, el jefe de Estado endureció su postura en materia de probidad al anunciar una ofensiva legislativa que busca ampliar esta obligación a prácticamente todas las autoridades del país.

El mandatario explicó que el examen —que permite una ventana de detección de hasta 90 días— tiene un costo superior a los $300.000, el cual fue costeado con sus propios recursos. En esa línea, lanzó una crítica a la gestión presupuestaria heredada: “No se dejó presupuesto para la toma de análisis de pelo, que es bastante más caro que el examen de orina”, advirtió.

Ofensiva contra el narcotráfico en la política

El anuncio central de la jornada fue la presentación de un proyecto de ley que busca elevar los estándares de transparencia para quienes ejercen cargos de representación popular y dirigencia política.

“Si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico y de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de esas redes”, afirmó el Presidente.

La propuesta del Ejecutivo pretende incluir obligatoriamente a:

• Poder Legislativo: Diputados y senadores (con exámenes anuales dirigidos por la Contraloría).

• Autoridades Regionales y Locales: Gobernadores, consejeros regionales (CORES), alcaldes y concejales.

• Partidos Políticos: Presidentes y directivas nacionales.

• Candidatos: Aspirantes a cargos de elección popular para acreditar la no dependencia de sustancias.

Modificación vía decreto para el Ejecutivo

Además de la ley para cargos electos, Kast anunció cambios al decreto N° 1.215, con el fin de estandarizar el examen de cabello para la alta jerarquía del Gobierno, incluyendo a ministros, subsecretarios y directores superiores.

La nueva normativa establecerá un financiamiento garantizado y la obligación de publicar los resultados en las páginas web institucionales en un plazo máximo de 10 días tras recibir el informe del laboratorio.

“La ciudadanía está esperando mucha mayor transparencia. Tenemos que recuperar la confianza en las instituciones y eso parte por la propia voluntad. Ojalá las fuerzas políticas se sumen antes incluso de que esto sea ley”, concluyó el mandatario, invitando a parlamentarios y alcaldes a realizarse el test de manera voluntaria.