Advierten que endurecer sanciones a adolescentes no garantiza reducir la criminalidad
Durante los últimos años, el país ha observado con creciente preocupación el aumento de la participación de adolescentes en delitos violentos e incluso en hechos vinculados al crimen organizado, situación que ha reactivado el debate sobre la efectividad de las políticas de prevención, sanción y reinserción juvenil.
En ese contexto, recientemente la Comisión de Constitución del Senado despachó a Sala el proyecto que busca modificar la Ley N° 20.084, que establece un Sistema de Responsabilidad Penal de los Adolescentes. La iniciativa pretende fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas delictivas consideradas de especial gravedad, tales como homicidio, secuestro y tortura.
El académico de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jaime Vera, sostuvo que la discusión sobre la severidad de las sanciones es debatible, así como los límites de edad establecidos por la legislación (que están sujetos a restricciones por la Convención sobre los Derechos del Niño) y las penas máximas aplicables a menores de edad. En ese sentido, advirtió que reducir el problema de la delincuencia juvenil exclusivamente al aumento de los castigos, presupone asumir una mirada parcial frente a un fenómeno que es mucho más complejo.
“En el fondo se trata de un punitivismo que sólo se centra en el problema de las penas y no en analizar la criminalidad adolescente como un problema mucho más complejo, que va más allá de simplemente aumentar las penas para reducir la delincuencia”, explicó.
El académico comentó que las reformas penales impulsadas en las últimas décadas en el sistema penal — especialmente en materias vinculadas a delitos contra la propiedad y delitos sexuales— no han demostrado el efecto disuasivo esperado, destacando que cualquier discusión legislativa debería ir acompañada, además, de políticas públicas orientadas a la reinserción social de los jóvenes infractores, incluyendo la destinación de recursos económicos, el crecimiento del personal especializado y una reglamentación efectiva.
Asimismo, advirtió que la reforma que se pretende impulsar va en un sentido opuesto a la reciente reforma que introdujo la Ley Nº 21.527 y que se inspira en consideraciones positivo criminales diametralmente opuestas, “en especial porque propicia fórmulas alternativas de solución, distintas de la pena tradicional. Esta nueva normativa, se encuentra en una fase inicial de implementación, de modo que no hay aún evidencia sobre un efecto necesariamente perjudicial o negativo en materia de seguridad”, apuntó el profesor.
“Asumir la problemática desde un enfoque más global, podría generar efectos mucho más favorables y positivos que el simple aumento de la sanción. Soy un escéptico del enfoque punitivo como disuasor de la criminalidad, porque si eso fuera efectivo, las últimas leyes punitivistas que se han impulsado en el régimen tradicional habrían generado un efecto inhibitorio y eso no se ha verificado en la práctica”, finalizó Jaime Vera.
