Segregación y abandono: el complejo escenario detrás de los campamentos
El crecimiento de los asentamientos irregulares en Chile se ha transformado en una de las principales expresiones de la crisis habitacional que enfrenta el país, y es que de acuerdo con el último Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile, actualmente en Chile se registra la cifra más alta desde 1996.
Así, actualmente en el país existen 1.428 campamentos y 120.584 familias viviendo en ellos. Este fenómeno también ha comenzado a generar preocupación desde el punto de vista de la seguridad pública y la planificación urbana, ya que expertos advierten que la falta de servicios básicos, urbanización y presencia estatal en algunos asentamientos facilita la consolidación de focos delictuales y economías informales, dificultando la intervención policial y comunitaria.
Con respecto a esto, el director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena, Alejandro Orellana McBride, aseguró que “la crisis de seguridad que estamos viviendo en nuestras ciudades es compleja, porque tiene muchas causas y es transversal”.
A pesar de esto, el arquitecto sostuvo que “en ciertos sectores de la ciudad la convergencia de grandes carencias económicas y sociales de la población con escasa presencia estatal, acentúa la inseguridad y favorece la ocurrencia de hechos de violencia”.
En línea con esto, el Doctor en Arquitectura y Urbanismo advirtió que “esto genera estigma sobre esos lugares, ya que se consideran sectores peligrosos, lo que provoca un círculo vicioso de mayor conflictividad, menor control y más estigma, lo que implica una carga social importante para su habitantes, ya que muchos de ellos mienten respecto de donde viven para no ser estigmatizados; además de una baja calidad de vida y percepción de abandono por parte del Estado”.
Este escenario, agregó, “es muy propicio para que el crimen organizado surja en los territorios urbanos estigmatizados y gestione la violencia como herramienta para control de la población y para mantener alejada a las fuerzas del orden público”.
En cuanto a las posibles formas de abordar esta problemática, el experto argumentó que “las intervenciones que se deben realizar dependen de las características de cada caso, dependiendo de si es un problema de informalidad de la vivienda, falta de inversión pública, problemas de empleo, conflictos sociales como pandillas, etcétera”.
Ahondando en esto, Orellana señaló que “las intervenciones deben apuntar a un mejoramiento integral, tanto espacial como social y económico del sector, incluyendo subsidios a la vivienda, construcción de equipamientos y nuevos espacios públicos, así como un trabajo con la comunidad local para dar sostenibilidad al mejoramiento del sector, y si existe un problema de delincuencia o crimen organizado que, es necesario primero realizar una intervención policial que posibilite lo demás”.
Un problema de segregación
Además del déficit habitacional, los asentamientos irregulares reflejan profundas problemáticas sociales asociadas a pobreza y exclusión, donde la precariedad urbana, la ausencia de servicios básicos y la escasa integración territorial pueden generar escenarios de vulnerabilidad donde aumentan la inseguridad, la desconfianza institucional y la consolidación de dinámicas delictivas.
En relación a esto, el sociólogo y coordinador General del Área de Formación Integral (AGGDFI) de la Universidad de La Serena, Cristian Blanco, advirtió que “la consolidación de los campamentos y macrocampamentos en Chile es un reflejo de cómo la segregación urbana y la exclusión transforman el mapa social de un país, ya que lo que empieza como una respuesta desesperada ante la crisis de vivienda, reconfigura la forma en que las personas se relacionan entre sí y el Estado”.
En línea con esto, el Magister en Docencia para la Educación Superior puntualizó que “al principio, el nacimiento de un campamento suele estar marcado por una tremenda solidaridad vecinal, pero cuando el asentamiento se cronifica sin planificación ni servicios mínimos, esa cohesión empieza a agrietarse y problemas como el hacinamiento o las disputas por la luz y el agua terminan desgastando la confianza entre vecinos”.
Este escenario de desprotección, añadió Blanco, facilita el ingreso de economías informales e ilícitas, como el narcotráfico o las mafias de loteos ilegales. Al instalarse en el territorio, estos grupos imponen una especie de gobernanza criminal, donde la cooperación cede el paso al miedo y la comunidad se atomiza”.
Sobre esto, el sociólogo recalcó que “quienes viven en estos sectores sienten que para el aparato público son invisibles, porque el Estado no llega como hospital, escuela, patrulla o servicios básicos y, cuando aparece, suele ser de forma distante o represiva”.
Y alertó que “esta desconexión provoca una crisis de legitimidad, porque ante el vacío que deja el Estado, las redes criminales o liderazgos informales terminan ofreciendo seguridad económica, protección y soluciones rápidas a los conflictos vecinales”.
Finalmente, Blanco hizo hincapié en que “la consolidación de estos asentamientos irregulares abre una herida en el tejido democrático, porque comunidades enteras quedan atrapadas en el aislamiento y el estigma social. Al sentirse abandonados, los pobladores desarrollan desconfianza hacia las instituciones y se profundiza un quiebre entre la periferia social y el resto del país”.
