Informe de Contraloría revela graves fallas de control de SERMIG, PDI y Subsecretaría de la Niñez
Desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar, fueron algunas de las conclusiones a las que llegó la Contraloría General en su Informe Final 541-2025, emitido este 24 de junio.
La fiscalización tuvo como objetivo investigar denuncias sobre el ingreso de niñas, niños y adolescentes bajo la categoría de reunificación familiar, provenientes de Haití, que ingresaron al país a través de vuelos chárter, respecto de posibles vulneraciones a sus derechos.
En ese contexto, la Contraloría identificó incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar. Entre ellos, certificados vencidos o no legalizados y la ausencia de documentos obligatorios, así como la emisión de un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento y a los documentos que la ley y el reglamento fijan como indispensables para el ingreso al país.
A ellos, se suman irregularidades en el control de vuelos, particularmente chárter, donde se detectó la falta de presentación del listado de pasajeros exigido por la normativa por parte de una aerolínea, sin que se les haya aplicado oportunamente la sanción respectiva por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Esto, además, de la ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias en la información, lo que impide asegurar un control adecuado del ingreso al país.
El informe evidencia, también, una serie de incumplimientos relevantes en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios.
Otro de los hallazgos de la Contraloría dice relación con la constatación de una falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección.
El SERMIG presenta debilidades significativas en sus controles, tales como la falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas —como el fallecimiento del vínculo familiar— y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como el Informe Policial. Asimismo, se detectaron deficiencias en la calidad de la información, incluyendo registros incompletos, duplicados o erróneos.
Por su parte, la PDI no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, contando solo con instructivos parciales. También se observaron errores en registros —como digitación incorrecta de pasaportes—, discrepancias en la información migratoria respecto del SERMIG y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular, lo que le compete efectuar según la ley.
Finalmente, se advierte una débil estructura de control interno y gestión, evidenciada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales en la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles en los sistemas informáticos institucionales.
Acciones derivadas
Ante los hallazgos detectados, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias. Asimismo, se ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, para verificar que no se hayan vulnerado sus derechos. Además, se realizará un examen de cuentas autónomo, por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a una aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa.
Finalmente, se instruyó un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del pre informe y tratamiento indebido de información sensible, incluyendo datos de los niños, niñas y adolescentes, junto con el envío de los antecedentes de dicha filtración al Ministerio Público.
