Portuarios estatales evalúan huelga legal ante trabas en negociaciones colectivas
La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile (FENATRAPORCHI) puso sobre la mesa la posibilidad de activar una huelga legal. La advertencia surge tras acusar que diversas restricciones normativas están bloqueando las negociaciones colectivas dentro de las empresas portuarias del Estado.
La decisión fue zanjada en una Asamblea Nacional telemática, donde los líderes sindicales analizaron el escenario actual y apuntaron directamente al Oficio Circular N.º 18 del Ministerio de Hacienda.
Cuestionamientos al criterio de Hacienda
Desde la federación aseguran que dicha directriz se está aplicando de forma rígida para frenar cualquier negociación de beneficios económicos, lo que —a su juicio— vulnera el derecho a la negociación colectiva.
Frente a esto, FENATRAPORCHI enfatizó que las administraciones portuarias deben:
Negociar de buena fe y con disposición real al diálogo.
Transparente antecedentes económicos oficiales.
Evaluar las demandas de los trabajadores según la salud financiera de cada puerto estatal.
Alerta por caso Coquimbo
La organización expresó particular inquietud por la situación que atraviesa la Empresa Portuaria Coquimbo, advirtiendo que podría sentar un precedente negativo para el resto de las negociaciones en el sector público.
Llamado al diálogo antes de activar movilizaciones
En su pronunciamiento, el gremio fue enfático: si el Ejecutivo mantiene una postura intransigente, los sindicatos recurrirán a las herramientas legales disponibles, incluida la huelga regida por el Código del Trabajo.
Para evitar escalar el conflicto, la federación instó a conformar una mesa de diálogo urgente al Gobierno y el Ministerio de Hacienda, Sistema de Empresas Públicas (SEP), a los directorios portuarios y parlamentarios de zonas costeras.
Solvencia económica del sector
Como argumento central, la FENATRAPORCHI destacó que las 10 empresas portuarias del Estado generaron utilidades por $61.831 millones durante 2025 (según datos del SEP). A partir de estas cifras, sostienen que existen márgenes financieros suficientes para negociar mejoras laborales acordes a la realidad de cada terminal.
