Escuelas protegidas: educar y aprender en paz
Una escuela debe ser, ante todo, un lugar seguro. Un espacio donde nuestros niños y jóvenes puedan aprender, donde los profesores puedan enseñar y donde las familias tengan la tranquilidad de saber que sus hijos están protegidos.
Puede parecer una afirmación evidente, pero los hechos de violencia que hemos conocido en distintos establecimientos del país nos recuerdan que no podemos dar esa tranquilidad por garantizada. Y cuando la violencia entra a una comunidad educativa, no solamente afecta a quienes participan directamente de un episodio: altera la convivencia, genera temor y termina perjudicando el derecho a la educación de todos.
Por eso es tan importante la Ley de Escuelas Protegidas, publicada por el Presidente José Antonio Kast junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola. Se trata de una normativa que entrega herramientas concretas a las comunidades educativas para prevenir situaciones de violencia, recuperar espacios seguros y, especialmente, fortalecer la autoridad pedagógica.
Uno de sus avances es permitir que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos protocolos para la revisión de mochilas y pertenencias. Esto deberá realizarse por personal capacitado, bajo reglas conocidas y resguardando siempre derechos fundamentales como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso.
Pero reducir Escuelas Protegidas solamente a la revisión de mochilas sería perder de vista buena parte de su importancia.
La ley también entrega respaldo a nuestros profesores para adoptar de manera inmediata medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias frente a situaciones que alteren el normal desarrollo de una clase, siempre bajo criterios de proporcionalidad.
Este punto es fundamental. Durante demasiado tiempo hemos escuchado a profesores, directores y asistentes de la educación decir que muchas veces se sienten solos o sin herramientas suficientes para enfrentar situaciones complejas. Si queremos fortalecer la educación, debemos también fortalecer a quienes tienen la enorme responsabilidad de educar.
La normativa aborda además otras situaciones que afectan la convivencia: permite prohibir elementos que impidan la identificación facial —considerando las excepciones correspondientes— y establece que las amenazas que provoquen la interrupción de las actividades académicas constituyen una afectación grave a la convivencia escolar.
Al mismo tiempo, busca disminuir la sobrecarga administrativa asociada a determinados conflictos de convivencia, privilegiando mecanismos de gestión colaborativa cuando corresponda, sin que ello se aplique frente a delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
Pero hay otro aspecto que considero especialmente relevante: Escuelas Protegidas vuelve a poner a las familias dentro de la solución.
Los padres y apoderados tenemos una responsabilidad que ninguna institución puede reemplazar. La educación y la convivencia no comienzan ni terminan en la puerta del establecimiento. Por eso, la nueva legislación establece la participación de las familias en instancias formativas y su deber de asistir cuando sean citadas por situaciones relacionadas con disciplina, convivencia o violencia escolar.
Ese principio de corresponsabilidad es indispensable. No podemos pedirles a profesores y establecimientos que enfrenten solos problemas que requieren del compromiso de toda la comunidad.
En nuestra Región del Maule, desde las pequeñas escuelas rurales hasta los establecimientos de nuestras ciudades, conocemos el esfuerzo cotidiano de profesores, asistentes, directivos y familias para sacar adelante a sus comunidades educativas. A ellos debemos entregarles respaldo, certezas y herramientas para actuar.
Porque proteger una escuela no significa convertirla en un espacio de desconfianza. Significa exactamente lo contrario: generar las condiciones para que vuelva a ser un lugar de encuentro, respeto y oportunidades.
Como señaló el Presidente José Antonio Kast, los colegios tienen que ser lugares donde se pueda enseñar y aprender en paz. Ese debe ser nuestro horizonte.
La educación necesita infraestructura, recursos y mejores oportunidades, pero también necesita algo mucho más elemental: orden, respeto, autoridad y familias involucradas. Sin esas condiciones, cualquier esfuerzo educativo se vuelve más difícil.
Escuelas Protegidas representa un paso importante en esa dirección. Entrega un marco legal que da certeza y respaldo a prácticas que muchas comunidades educativas venían solicitando y establece responsabilidades compartidas entre establecimientos, docentes, estudiantes y familias.
Tenemos que volver a entender nuestras escuelas como espacios que debemos cuidar entre todos. Porque cuando cuidamos una escuela, cuidamos a nuestros profesores, protegemos a nuestros niños y jóvenes y damos tranquilidad a sus familias.
Y, sobre todo, protegemos algo que es fundamental para el Maule y para Chile: el derecho de nuestros estudiantes a aprender y construir su futuro en paz.
Por Hans Heyer M.
Seremi de Gobierno de la Región del Maule
