Analizan nueva normativa que consagra el cuidado como derecho social en Chile
Históricamente, las labores de cuidado han recaído principalmente en las mujeres, muchas veces de manera silenciosa y sin reconocimiento formal. Sin embargo, este escenario comienza a cambiar con la entrada en vigencia de la Ley Chile Cuida, que lo instala como un derecho social.
La legislación establece el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, marcando un avance en la forma en que la sociedad entiende estas tareas. En ese sentido, el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca e investigador del Núcleo Milenio sobre la Evolución del Trabajo (MNEW), Rodrigo Palomo, destacó que uno de los principales aportes de esta ley es visibilizar un trabajo que hasta ahora permanecía en el ámbito privado.
“La principal transformación tiene que ver con el reconocimiento de una tarea que estaba invisibilizada y fuertemente privatizada. Eran las familias, y particularmente las mujeres, quienes se hacían cargo de los cuidados de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores y de personas con dependencia o discapacidad. Lo que hace esta ley hoy es entender que se trata de una responsabilidad colectiva”, detalló el experto en Derecho del Trabajo.
“Implica un cambio estructural, donde las labores de cuidado, que normalmente están invisibilizadas, pasan a ser parte de un sistema de corresponsabilidad. Ya no es una tarea netamente femenina, sino que se distribuye entre las familias, el Estado y la sociedad en su conjunto”, añadió Érika Retamal, directora del
En ese sentido, Retamal destacó que el reconocimiento del cuidado también permite visibilizar su impacto en el ámbito económico. “El cuidado tiene un valor económico que muchas veces no se visibiliza ni se retribuye. Hay mujeres que dejan de trabajar o de estudiar para asumir estas labores. Por eso, avanzar en corresponsabilidad es clave para una mayor participación laboral femenina y una mayor autonomía económica”, recalcó.
Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados
La normativa también contempla la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, un modelo que busca vincular a distintas instituciones públicas para avanzar en la implementación de esta política.
“Es un sistema que establece sus bases y directrices orgánicas. Concretamente, lo ubica dentro del Ministerio de Desarrollo Social y crea una secretaría en materia de apoyos y cuidados, lo que permite avanzar en la implementación progresiva de esta norma”, explicó Palomo.
No obstante, especialistas advierten que uno de los principales desafíos será asegurar su implementación efectiva, especialmente en materia de financiamiento.
“Uno de los principales desafíos es asegurar la implementación, porque está fuertemente vinculada a los presupuestos que se discuten anualmente. Por lo tanto, la concreción de la norma también va a depender de la política pública”, resaltó el académico.
“La importancia es que el Estado está obligado a generar políticas que faciliten el cuidado. Por ejemplo, avanzar en sala cuna universal. Muchas mujeres, de distintos niveles educacionales, dejan de estudiar o de trabajar porque deben abocarse a las labores de cuidado de sus hijos”, subrayó Retamal.
