Analizan responsabilidad penal de empresas en delitos informáticos
En un escenario marcado por el aumento de los delitos informáticos y recientes cambios legales en Chile, una investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) definió los criterios clave para determinar cuándo una empresa puede ser considerada penalmente responsable por esta clase de ilícitos.
El estudio fue liderado por la profesora Laura Mayer, de la Escuela de Derecho de la PUCV, en el marco de un proyecto Fondecyt Regular que se extendió por tres años y que abordó uno de los desafíos más relevantes del entorno digital actual: la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a delitos informáticos.
La investigación tuvo como principal objetivo definir los requisitos legales para que una persona jurídica pueda ser considerada responsable penalmente, en un contexto marcado por importantes cambios normativos. Entre ellos, la entrada en vigencia de la Ley N° 21.459 sobre delitos informáticos y las modificaciones introducidas por la Ley de Delitos Económicos N° 21.595.
Uno de los focos del estudio fue analizar cómo estas reformas impactan en la regulación vigente, especialmente en lo relativo a los criterios que deben cumplirse para atribuir responsabilidad penal a las empresas, ampliando el alcance de la normativa existente en Chile.
El proyecto también incorporó una mirada interdisciplinaria, integrando aportes desde el Derecho comercial y del trabajo. En este contexto, participaron las académicas Angela Toso y Karla Varas, ambas de la PUCV, quienes contribuyeron a abordar los efectos de estos delitos en el funcionamiento interno de las organizaciones.
Entre los temas analizados se incluyeron casos de fraudes informáticos cometidos tanto por empresas como en contra de ellas, así como situaciones de acceso ilícito a información, como el ingreso no autorizado a correos electrónicos de trabajadores por parte de empleadores.
En paralelo, la investigación profundizó en los desafíos asociados al compliance (procedimientos y buenas prácticas para asegurar que la organización cumpla con leyes, regulaciones y normas éticas), identificando riesgos vinculados a la comisión de delitos informáticos dentro de las empresas y la necesidad de implementar medidas eficaces de ciberseguridad para prevenir esta clase de ilícitos.
Como parte del cierre del proyecto, se desarrolló un seminario internacional abierto al público en la PUCV, instancia que contó con la participación del equipo de investigadoras y la exposición del académico Alejandro Turienzo, de la Universidad de Barcelona.
Los resultados del estudio se plasmaron en una serie de publicaciones académicas que buscan aportar al debate jurídico y a la toma de decisiones en el ámbito empresarial, en un escenario donde la digitalización y los riesgos asociados a la ciberseguridad se han vuelto cada vez más relevantes.
