CGR detecta pagos de subsidios de arriendo a fallecidos y personas que incumplían requisitos de programa MINVU
Una auditoría financiera realizada al Programa de Integración Urbana de Campamentos, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y los Serviu regionales, detectó diversas irregularidades en la entrega de subsidios de arriendo entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
En el Informe N° 314 de 2026, la Contraloría General identificó que, en el marzo de esta iniciativa, 168 beneficiarios del subsidio se encontraban fallecidos. El organismo fiscalizador advirtió que la Subsecretaría de Vivienda demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos asociados a estos casos, situación que generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553.
El programa cuenta con financiamiento parcial a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$120 millones, destinado a una ejecución prevista de cuatro años.
La auditoría también detectó que 172 beneficiarios arrendaban viviendas a familiares cercanos, incumpliendo las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases del beneficio. Los montos asociados a estos casos alcanzan los $110.487.033.
A ello se suman 19 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación incompatible con los requisitos del programa. Los pagos efectuados en estos casos totalizan $14.405.016.
Asimismo, la Contraloría constató que dos personas continuaron percibiendo subsidios de arriendo pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024. Los desembolsos realizados en estas situaciones ascienden a $3.539.119.
Frente a estos hallazgos, el organismo de control instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían con las condiciones exigidas para acceder al subsidio.
Además, la entidad deberá concluir el procedimiento disciplinario iniciado para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas por la auditoría.
