Chile se resta de declaración pro-LGBTIQ+ en la OEA
En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) bajo el mandato del Presidente José Antonio Kast, Chile adoptó una posición que ha generado debate en la esfera internacional: el país decidió no suscribir la declaración del Core Group LGBTIQ+ destinada a promover la protección de estos derechos en la región.
El documento, impulsado por un grupo de Estados comprometidos con la diversidad, reafirma que los derechos humanos son universales y aboga por la despenalización de relaciones consensuales entre personas del mismo sexo, además de la adopción de políticas inclusivas con enfoque interseccional.
La postura del Ejecutivo
Durante la instancia, la encargada alterna de Chile ante la OEA, Ana María Saldia, fue la encargada de explicar la determinación nacional. Si bien valoró el trabajo del grupo, aclaró que la delegación realizaría una intervención en capacidad nacional sin adherir al texto colectivo.
“Chile reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna”, sostuvo Saldia, enfatizando que esta ha sido una “política de Estado mantenida a lo largo de diversas administraciones”. No obstante, la diplomática subrayó que para el actual gobierno es prioritario que el diálogo regional se desarrolle sobre un lenguaje que “contribuya a generar consensos” dentro de la organización.
Críticas y advertencias de retroceso
La decisión fue recibida con inquietud por expertos y activistas. Fundación Iguales cuestionó duramente la postura del Ejecutivo, calificándola como un retroceso en la trayectoria diplomática de Chile, que incluso bajo la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera había respaldado estas iniciativas.
La denuncia cobró fuerza tras los antecedentes entregados por el exembajador ante la OEA, Tomás Pascual Ricke, quien confirmó que el país se restó del Grupo Núcleo LGBTIQ+. Desde la organización señalaron que:
“Esta determinación no es un mero trámite administrativo, sino una señal política con efectos internacionales que incide en la percepción del compromiso de Chile con los derechos humanos”.
Desafíos pendientes
Pese a no suscribir el documento, la delegación chilena reconoció ante el Consejo Permanente que persisten desafíos importantes frente a la violencia y la estigmatización. Mencionaron, además, que el país cuenta con un marco normativo sólido, como la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario, que el Estado se compromete a resguardar.
