Comisión de Educación despacha proyecto “Escuelas Protegidas”: Condenados por daños perderán gratuidad universitaria

Tras una intensa sesión especial, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. La iniciativa, que contó con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, busca blindar los entornos educativos y establecer sanciones severas para quienes interrumpan el proceso de enseñanza o dañen la infraestructura escolar.

Sin gratuidad para quienes dañen infraestructura

Uno de los puntos más polémicos y determinantes del texto establece una condición excluyente para acceder a la gratuidad en la Educación Superior: no haber sido condenado por ataques o daños a la infraestructura pública.

Esta medida se complementa con la indicación 109, que generó un encendido debate en la comisión. Dicha norma propone retirar beneficios fiscales, como la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y la Beca BAES (Junaeb), a quienes resulten responsables de daños a la propiedad pública o privada. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una señal de autoridad, sectores de la oposición advirtieron que la pérdida de estos beneficios podría obstaculizar la reinserción de los estudiantes implicados.

Revisión de mochilas y facultades de seguridad

En materia de convivencia y seguridad interna, la comisión alcanzó una definición clave sobre la fiscalización en los accesos:

• Establecimientos: Quedan autorizados únicamente para realizar revisiones voluntarias de mochilas.

• Fuerzas de Orden: Las revisiones de carácter obligatorio serán facultad exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Urgencia legislativa ante la Cuenta Pública

Al cierre de la sesión, la ministra Arzola enfatizó que el objetivo central es que las familias recuperen la tranquilidad. “Los estudiantes necesitan asistir a clases en un entorno propicio para el aprendizaje”, señaló la secretaria de Estado.

El proyecto será discutido en la Sala de la Cámara este lunes, con el informe de la diputada republicana Valentina Becerra. La meta del Gobierno es evitar un tercer trámite constitucional y lograr el despacho total de la ley antes del 1 de junio, fecha en que se realizará la Cuenta Pública presidencial.