Congreso despacha ley que endurece sanciones a evasores: arriesgan suspensión de licencia de conducir

En una jornada clave para la sostenibilidad financiera del sistema de transportes, el Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que endurece las sanciones contra quienes evadan el pago de su tarifa en el transporte público. La iniciativa fue aprobada con una contundente mayoría de 145 votos a favor y solo dos abstenciones, evidenciando un respaldo transversal a la medida.

El nuevo marco legal introduce herramientas de coacción inéditas para asegurar el pago, entre las que destacan la suspensión de la licencia de conducir y la imposibilidad de renovar el permiso de circulación para quienes mantengan multas impagas.

Restricción de beneficios y fin a las rebajas

Uno de los puntos más polémicos de la discusión fue la eliminación de los incentivos de pago temprano. La ley suprimió la rebaja del 50% en las multas que se contemplaba originalmente, estableciendo en su lugar una tarifa recargada para desincentivar el incumplimiento.

Además, la normativa faculta al Estado para restringir el acceso a ciertos beneficios estatales a aquellos ciudadanos que figuren en el registro de evasores, vinculando el comportamiento ciudadano con la obtención de ayudas públicas.

Blindaje a conductores y fiscalizadores

Más allá de lo pecuniario, la ley pone especial énfasis en la seguridad del personal de transporte. Según el texto aprobado:

• Las penas por agresiones a conductores o inspectores aumentarán automáticamente en un grado.

• Se busca reducir el clima de hostilidad durante los procesos de fiscalización en terreno.

Impacto fiscal

Desde el Ejecutivo valoraron el despacho de la ley, subrayando la urgencia de la medida ante el déficit del sistema. Según cifras oficiales, la evasión genera pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares anuales, recursos que, según el Gobierno, son críticos para la mejora de la eficiencia y la infraestructura del servicio.

Con esta aprobación, la ley queda lista para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial.