Contaminación del aire: el peligro cotidiano que Chile comienza a normalizar

Un 37% de las personas en Chile declara no estar preocupada por la calidad del aire, según un reporte de la consultora Gallup elaborado con datos de IQAir. La cifra es menor al promedio global, donde a menos de la mitad de las personas encuestadas le preocupa la situación, pero convive con un dato incómodo: el mismo reporte ubica al país como el segundo de la región con peor calidad del aire.

Para la directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad de O’Higgins (UOH), Giovanna Amaya Peña, esa comparación no alcanza para leer el resultado como una buena noticia. “Me cuesta considerar positivo que, teniendo los problemas de contaminación que tenemos, más de un tercio de las personas diga que no le preocupa”, señala.

La explicación -advierte- no pasa por la falta de conciencia. La repetición de alertas, preemergencias y restricciones cada invierno instala el riesgo como parte del paisaje cotidiano, mientras que el material particulado fino resulta difícil de identificar a simple vista, pese a su capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio.

“Llega un momento en que empezamos a normalizarlo y la contaminación no deja de hacernos daño porque nos acostumbramos. Por eso tenemos que dejar de comunicar la contaminación solamente como ‘hoy hay episodio crítico’. Esto es un problema de exposición acumulada y de salud pública”, explica Amaya Peña.

A esa normalización se suma una dimensión práctica. Las recomendaciones ambientales muchas veces se dirigen a hogares que no cuentan con opciones de calefacción distintas a la leña, lo que hace que la percepción del riesgo dependa también de las alternativas disponibles.

“Podemos decirle a una familia que no use leña, y es necesario hacerlo donde constituye una fuente importante de contaminación, pero si no tiene acceso a una alternativa de calefacción que sea económicamente viable, la recomendación ambiental choca con su realidad cotidiana. Por eso, las restricciones tienen que ir acompañadas de alternativas reales y accesibles. La percepción de riesgo también depende de las alternativas que tanto el Estado como la sociedad ofrecen”, puntualiza la directora ECA3.

En el plano de las políticas públicas, Amaya descarta que la posición del país refleje un fracaso de los instrumentos vigentes. Chile cuenta con planes de descontaminación actualizados y con medidas de peso, como el recambio de calefactores y las restricciones a determinadas fuentes. El punto crítico, plantea, es asumir que la contaminación no se comporta de la misma manera en todos los territorios.

Es uno de los hallazgos de la investigación que se desarrolla en la Región de O’Higgins, donde incluso dentro de un mismo valle las comunas responden de manera distinta según la meteorología, la topografía, la altura de la capa límite, la temperatura, las precipitaciones, el viento y las fuentes de emisión presentes. “Ya no basta con decir ‘reduzcamos emisiones’. Tenemos que preguntarnos dónde, cuándo, qué fuente estamos controlando y en qué condiciones atmosféricas”, afirma Amaya Peña

De cara a la próxima década, plantea que se deben fortalecer y actualizar los instrumentos existentes, con atención especial a la tramitación de la actualización de la norma de calidad del aire para MP10 y MP2.5, que contempla estándares más estrictos, e ingresó a Contraloría y en marzo de este año fue retirada para una nueva revisión. “Me preocupa que una norma tan importante para la protección de la salud lleve una tramitación tan lenta. Entendemos que los instrumentos deben revisarse y contar con todo el respaldo técnico necesario, pero también debemos considerar que, en un tema directamente relacionado con salud pública, estos tiempos importan”, sostiene.

A ello suma la necesidad de incorporar el cambio climático como una variable en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Las modificaciones en temperatura, precipitaciones, ventilación y estabilidad atmosférica pueden cambiar las condiciones que favorecen la acumulación o dispersión de contaminantes y, con ello, modificar también la efectividad de determinadas medidas.

“Las políticas que diseñamos hoy tienen que ser capaces de responder al clima que vamos a tener en las próximas décadas. No podemos seguir pensando los territorios como si todos respondieran igual, ni asumir que las condiciones atmosféricas del futuro serán las mismas que conocemos hoy”, concluye Amaya.