Contraloría destapa fraude en licencias médicas de especialistas en el Servicio de Salud Arauco
Una fiscalización realizada por la Contraloría Regional del Biobío dejó al descubierto severas irregularidades en el cumplimiento del Período Asistencial Obligatorio (PAO) por parte de dos médicos especialistas financiados con recursos estatales.
Ausentismo casi total
Durante los seis años en los que debían prestar servicios en la red pública para saldar su compromiso formativo, ambos profesionales acumularon reposos médicos que superaron el 90% del tiempo total:
Primer caso: Estuvo con licencia médica el 95% del periodo, ejerciendo sus funciones tan solo 108 días de un total de 2.192.
Segundo caso: Inasistió por motivos de salud durante el 94% del lapso establecido, acumulando apenas 133 días de trabajo efectivo.
Viajes al extranjero y ejercicio profesional en período de reposo
El informe del órgano fiscalizador detalló que los involucrados salieron del país y desempeñaron labores remuneradas en el sector público y privado mientras se encontraban oficialmente convalecientes:
En uno de los casos, el 52% de los permisos de reposo fue otorgado por la propia cónyuge del médico.
El mismo profesional registró 12 viajes al extranjero durante la vigencia de sus licencias.
Debido a la severidad de los hallazgos, los antecedentes se remitieron a la Fiscalía Local de Lebu y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
Falta de cobro de $2.046 millones
La investigación también expuso falencias administrativas sustanciales en el Servicio de Salud Arauco, al no acreditarse la restitución de más de $2.046 millones vinculados a programas de formación. Dichos montos correspondían a garantías, estipendios y aranceles de profesionales que abandonaron o incumplieron sus compromisos. La Contraloría subrayó la falta de seguimiento judicial y la ineficiencia en las labores de cobranza, que mantuvieron múltiples causas archivadas o sin avances.
Como respuesta al informe, la dirección del Servicio de Salud Arauco confirmó la destitución de los dos facultativos implicados y el inicio de las acciones legales destinadas a reparar el daño patrimonial causado al Estado.
