Contraloria detectó que 3.500 funcionarios presentaron licencias emitidas por médicos investigados por fraude
Un total de 3.532 servidores públicos presentaron licencias médicas emitidas por alguno de los 44 facultativos que son investigados penalmente por el Ministerio Público debido a la entrega y/o venta fraudulenta de tales certificaciones.
Así da cuenta el decimotercer Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República, que detalla los resultados del análisis realizado a partir de un listado entregado por la Fiscalía Nacional, que contenía 10.111 licencias médicas emitidas entre 2020 y 2022 por los mencionados profesionales de la salud.
Al cruzar esta información con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y otras bases institucionales, la CGR detectó que de las 6.632 personas receptoras de estos documentos -contenidas en el listado del ente persecutor- los 3.532 funcionarios ya mencionados se encontraban en ejercicio a junio de 2025. Además, se verificó que un 79 % de las licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, con un total de 192.781 días de reposo autorizados.
Respecto de la información de los 44 médicos investigados, todos de nacionalidad extranjera, se identificó que 10 ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024 y 5 de ellos no contaban con su Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), requisito para desempeñarse en el sistema público de salud.
El informe señala que estas licencias médicas fueron emitidas a trabajadores de todo el territorio nacional en servicios como municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; SLEP; Gendarmería y en otras entidades, incluyendo privadas.
Asimismo, de la información examinada, la CGR detectó que 5.284 trabajadores que tuvieron licencias en el periodo 2020 – 2022, volvieron a hacer uso de ellas durante 2023 – 2025. De estos documentos, 1.208 fueron otorgados por seis de los mismos médicos investigados por el Ministerio Público.
Dadas las irregularidades expuestas -entre otras acciones derivadas- la Contraloría General de la República notificará a los organismos públicos que actualmente cuentan con funcionarios en ejercicio, con el objetivo de iniciar los sumarios respectivos, toda vez que como en estos casos existe una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa de los mismos no habría prescrito. Asimismo, los servicios públicos que hayan contratado a médicos extranjeros deberán acreditar los motivos por los cuales dichos profesionales no contaban con su EUNACOM.
