¿Dónde están los niños y las niñas en los programas presidenciales de 2025?
Históricamente se ha señalado que, en cada época de elecciones presidenciales, el interés real por las niñeces y juventudes en Chile ha sido más bien un discurso de “buena crianza” que una preocupación sustantiva por su bienestar y desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes suelen aparecer como un recurso retórico -una apelación moral y emotiva – más que como sujetos de derecho con presencia efectiva en las políticas públicas.
En este contexto, votar por derecha, izquierda o centro, se ha transformado en un acto de convicción personal o colectiva, mediado por miedos y lealtades hacia los extremos políticos tradicionales. No obstante, resulta imperativo realizar el ejercicio ciudadano de estudiar, con rigor y sentido crítico, cada programa de gobierno presentado por los candidatos presidenciales y sus equipos.
Al realizar un análisis comparado de los programas presidenciales para Chile 2025 y considerar dos categorías esenciales: (1) las garantías legales y sociales para cada niño, niña y adolescente según el cumplimiento de la Ley 21.430 y (2) ejes de salud mental, bienestar subjetivo, proyecto de vida y justicia social, el panorama es, en términos generales, preocupante. Los documentos programáticos revisados presentan más gestos discursivos que propuestas sólidas, y una evidente desconexión entre las aspiraciones declaradas y las obligaciones jurídicas y éticas que el Estado chileno ha asumido en materia de derechos de la infancia.
Los programas revisados muestran, en apariencia, un consenso transversal en torno a la infancia como tema prioritario, sin embargo, lo que más encontramos es solo retórica y omisión. Llama la atención que solo en tres programas se “aborda” la infancia. Por ejemplo, Evelyn Matthei, plantea una “Red de Parentalidad Local” y mayor coordinación entre educación, salud y protección, cuestión que, se ha mantenido históricamente desde las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) y actualmente realizan las Oficinas Locales de Niñez (OLN) pero ¿qué sería lo nuevo? Marco Enríquez-Ominami propone universalizar la educación inicial y fortalecer el sistema público como motor de justicia social, lo cual a la fecha se ha mantenido en discusión, entonces ¿cómo se realizaría? Jeannette Jara subraya la construcción de “barrios dignos” y la consolidación de un Estado garante de derechos, la pregunta es simple, ¿de qué manera?
Al examinar “la letra fina”, las propuestas se diluyen en generalidades, sin indicadores, metas medibles ni mecanismos de exigibilidad que aseguren el cumplimiento efectivo de las garantías establecidas por la Ley 21.430 ni tampoco en una revisión contextual de la infancia en Chile. Ninguno de los programas, salvo menciones tangenciales, articula de manera explícita los mecanismos del Sistema de Garantías de la Niñez -las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), la tutela administrativa, ni la participación efectiva de NNA en decisiones que los afectan-, pilares estructurales del nuevo paradigma de protección integral y que, al parecer, dado que aún se mantiene en implementación, nuestros candidatos y candidatas no han recibido información al respecto, no lo han estudiado o simplemente no es parte de sus objetivos centrales de campaña.
Otro hallazgo crítico es la escasa vinculación o mejor dicho una desconexión entre los programas presidenciales y la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia (2024-2032). Esta política, aprobada con amplia participación de la sociedad civil y que además contó por primera vez en la historia con la opinión de niños, niñas y adolescentes, plantea un marco intersectorial que articula salud, educación, justicia, cultura y protección social, bajo los principios de interés superior, autonomía progresiva y participación. Sin embargo, los programas de gobierno parecen elaborados al margen de dicho marco, evidenciando una carencia de diálogo entre la planificación política y los compromisos estatales vigentes que, a su vez, debe considerar cualquier gobierno de turno el próximo año.
Particularmente preocupante es la superficialidad con que se abordan los derechos fundamentales de NNA en contextos de migración, salud mental, discapacidad o diversidad cultural. Pese al incremento de niños y niñas migrantes en el sistema educativo y en la red de salud, solo algunos programas (como los de Artés y Jara, desde un enfoque de universalismo social) aluden tangencialmente a la interculturalidad o a la equidad territorial.
Sin embargo, ningún candidato ni candidata desarrolla políticas integrales de inclusión educativa o protocolos para prevenir discriminación estructural, ni mecanismos para asegurar la continuidad del cuidado y la salud mental de niños desplazados o en tránsito. La omisión es aún más evidente en las propuestas de corte conservador o liberal, donde por ejemplo el candidato Kaiser utiliza la noción de “familia tradicional”, lo cual prima sobre la comprensión contemporánea de los derechos del niño como sujeto autónomo de derechos. Al parecer, para algunos candidatos es más importante dicha retorica moralista que avanzar hacia la protección real de los derechos de NNA.
El bienestar subjetivo que permite conocer lo que piensan y sienten las personas sobre sus vidas y su satisfacción vital están prácticamente ausente en los textos programáticos pese a recomendaciones internacionales de UNICEF y estudios que se han realizado en múltiples niveles. Las menciones a salud mental se centran en dispositivos asistenciales o de tratamiento, pero sin políticas preventivas ni estrategias de promoción del bienestar desde una perspectiva ecológica. Ningún programa articula acciones sistemáticas para fortalecer las trayectorias educativas, afectivas y vocacionales de los adolescentes.
Algunos programas (Kast, Matthei, Kaiser) enmarcan la infancia en la lógica de la seguridad pública, identificando a los adolescentes como potenciales víctimas o victimarios. Este enfoque de “seguridad”, aunque aborda problemas reales como el reclutamiento por crimen organizado, puede reforzar visiones adultocéntricas y punitivas, desplazando la mirada de derechos por una de control social hacia dicha población. En contraste, las propuestas de Jara, Artés o Enríquez-Ominami, aunque más afines al enfoque de derechos, carecen de dispositivos operativos y de financiamiento que las vuelvan viables.
El déficit programático en torno a la infancia tiene implicaciones directas para profesionales que trabajan en pro de la justicia social, el bienestar de las personas y el respeto a las diversidades. En ausencia de políticas claras, serán los equipos profesionales quienes deberán sostener la protección integral desde la fragmentación institucional. Ello exige reforzar el rol de interventores en la implementación del Sistema de Garantías, la evaluación de políticas de salud mental, la protección de NNA migrantes y la generación de datos sobre bienestar subjetivo. Sin embargo, sin una voluntad política explícita que priorice la infancia desde una mirada intersectorial y ecológica, toda intervención seguirá siendo paliativa y reactiva. Por tanto, es probable que se mantenga la política actual de “las buenas voluntades” profesionales por sobre una propuesta de niñez a mediano y largo plazo.
Finalmente, el análisis de los programas de gobierno 2025 muestra que Chile continúa postergando la construcción de un proyecto nacional para la niñez. Las referencias a protección, salud mental o educación no bastan si no se traducen en políticas coherentes, articuladas y con exigibilidad real. La Ley 21.430 ofreció un marco histórico para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, la distancia entre la norma y las propuestas presidenciales revela un desconocimiento preocupante del sentido de esa ley: reconocer a los NNA como sujetos plenos de derechos, no como receptores de políticas asistenciales o instrumentos de legitimación electoral.
A días de las elecciones presidenciables (primera vuelta), utópico o no, se espera que candidatos y candidatas puedan volver a revisar sus programas y a su vez, que reciban asesoría de expertos y expertas en el área. De momento, es importante recordar que un país que no construye futuro desde su infancia difícilmente podrá sostener un horizonte de justicia social y bienestar común. Si no hay un giro real en cómo concebimos, diseñamos y financiamos las políticas para la infancia, el futuro que prometemos a nuestros niños y niñas se convierte más en un eslogan que en una promesa exigible.
Por Dr. Milton Contreras Sáez
Académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM
