Eventual reforma al empleo público: ¿Cuáles serían sus principales desafíos?

Modernizar el empleo público no es una discusión solo administrativa, ya que su impacto tiene repercusión directa en la calidad de los servicios que reciben las personas y en la estabilidad laboral de quienes trabajan en el Estado. Así lo expresó el economista y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien planteó que el eje de una eventual reforma debe estar puesto en la ciudadanía.  “El objetivo último es que el Estado sirva bien al ciudadano, porque la inmensa mayoría de los chilenos dependen exclusivamente, o solo tienen al Estado para una serie de prestaciones”, declaró.

Briones destacó, además, que el “desempeño estatal no depende solo de voluntad, sino de reglas e incentivos que permitan gestionar mejor los equipos”.

Estas declaraciones se realizaron en el conversatorio “Reforma del empleo público: ¿ahora sí que sí?”, realizado en la Escuela de Postgrado y Centro de Extensión de la Universidad de Talca en Santiago, y fue organizado por el Magíster en Gobernanza, Innovación y Gestión Pública de las facultades de Economía y Negocios y de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta casa de estudios.

En la actividad también participó el primer vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el abogado Helmuth Griott, quien puso énfasis en la gestión, los incentivos y el tamaño del Estado. A su juicio, existen miradas ideologizadas sobre el tema y “desde la perspectiva de los trabajadores públicos organizados, es un error manifiesto la reducción del Estado, ya que nos lleva a una sociedad cada vez más desigual y eso es un tema de base que termina contaminando el debate sobre el empleo”.

Sin embargo y pese a las posturas encontradas, Helmuth Griott, destacó que se puede llegar a consenso sobre “un modelo de empleo que gestione en el ámbito público el trabajo y desde la perspectiva del trabajo decente que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. El abogado señaló también que, la estabilidad laboral no implica inmovilidad, sino reglas claras y debido proceso ante eventuales desvinculaciones.

Reglas claras y protección laboral

Otro de los puntos abordados durante el conversatorio fue la situación de los funcionarios a contrata, que en muchos casos cumplen labores permanentes bajo vínculos anuales. En ese contexto, Tania Hernández, exsubdirectora de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, planteó la necesidad de incorporar protecciones ante desvinculaciones.

“La indemnización laboral es un beneficio que tienen los trabajadores del sector privado y que no los tienen los funcionarios del sector público y creo que es muy importante que se incorpore dentro de una reforma para que no queden desprovistos de este beneficio”, señaló.

Hernández explicó, además, que lo anterior debe ir acompañado de causales claras de cese, establecidas por ley, para “evitar arbitrariedades y compatibilizar estabilidad laboral con una mejor gestión del Estado”.

Durante el encuentro también se abordó la separación entre funcionarios de carrera y asesores políticos, la evaluación de desempeño, la eventual modernización del Estatuto Administrativo y la necesidad de acuerdos amplios entre el Ejecutivo, el Legislativo y los trabajadores.

La directora del Magíster en Gobernanza, Innovación y Gestión Pública de la UTalca, Andrea Bentancor, quien moderó el encuentro, destacó que estos debates impulsados desde las universidades son indispensables para pensar un Estado capaz de responder mejor a las necesidades del país.

“Todas estas reformas, de las que tanto se habla, en realidad con un Estado sin músculo no van a ir a buen puerto y, en ese sentido, un Estado con músculo significa funcionarios y funcionarias públicos que están desarrollando su trabajo en óptimas condiciones”, puntualizó.