Experta advierte que foco punitivo en seguridad escolar “no aborda el problema de fondo”
En medio del debate por los proyectos de ley ingresados al Congreso para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, la socióloga y académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins (UOH) e investigadora adjunta de VIODEMOS, María Paz Trebilcock, realizó un análisis crítico respecto del alcance y las limitaciones de las medidas propuestas, enfatizando la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada más integral.
Si bien reconoce que iniciativas como la revisión de mochilas, detectores de metales o el aumento de controles pueden contribuir a mejorar la sensación de seguridad en el corto plazo, advierte que estas responden principalmente a una lógica punitiva que no logra hacerse cargo de las causas profundas de la violencia escolar. “Poner el acento solo en sanciones no reconoce la importancia de enfoques restitutivos o restaurativos, especialmente en la etapa escolar, donde el objetivo principal es formar”, sostiene.
Desde su perspectiva, uno de los principales déficits de las propuestas es la ausencia de una estrategia robusta orientada a fortalecer la convivencia al interior de las comunidades educativas. En ese sentido, subraya que tras la pandemia se han agudizado diversos factores que inciden directamente en el clima escolar, como el debilitamiento de los vínculos entre estudiantes, el aumento del bullying, el estrés, la sobreexposición a estímulos y la presencia de múltiples distractores en la sala de clases.
“La violencia no surge de manera aislada, sino que está vinculada a procesos sociales más amplios”, explica la académica, advirtiendo que limitar la respuesta a medidas de control puede incluso reforzar dinámicas de desconfianza al interior de los establecimientos. A su juicio, esto corre el riesgo de institucionalizar una lógica de sospecha que tensiona aún más las relaciones entre estudiantes, docentes y comunidades educativas.
Para Trebilcock, enfrentar estos desafíos requiere avanzar en transformaciones estructurales que permitan reconfigurar los espacios escolares como entornos de cuidado. Entre las medidas que propone, destaca la necesidad de capacitar a docentes en herramientas de gestión de la convivencia, fomentar el aprendizaje colaborativo, desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes y promover el sentido de pertenencia a la escuela. Asimismo, releva la importancia de fortalecer liderazgos internos y generar instancias de participación activa de apoderados, familias y estudiantes.
“El enfoque punitivo se queda en la primera capa del problema; no lo resuelve. Si no se intervienen las condiciones que generan la violencia, las medidas terminan siendo reactivas y de corto alcance”, enfatiza.
Respecto a las sanciones más severas contempladas en el debate, como la eventual pérdida de la gratuidad, la socióloga es categórica al señalar que pueden resultar desproporcionadas y contraproducentes. A su juicio, este tipo de medidas extiende el castigo en el tiempo sin considerar la capacidad de restitución o reparación, lo que contradice el carácter formativo del sistema escolar y puede profundizar trayectorias de exclusión.
Finalmente, la experta advierte que la evidencia y recomendaciones de organismos internacionales apuntan en una dirección distinta: priorizar la construcción de entornos socioemocionales adecuados, donde el orden y la seguridad sean consecuencia de relaciones basadas en la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. “Responder a la violencia solo con más control puede terminar perpetuando aquello que se busca erradicar. El desafío es más complejo, pero también más profundo: reconstruir vínculos y fortalecer el sentido de comunidad en la escuela”, concluye.
