Gobierno anuncia nueva Ley de Seguridad Privada
En el marco de la agenda de seguridad del Gobierno, dentro de seis meses entrará en vigencia la nueva Ley de Seguridad Privada.
Se trata de una normativa que releva el rol complementario de actores privados en materias de seguridad, establece mayores estándares para el sector, mayor capacidad fiscalizadora y mejor formación de guardias y vigilantes privados.
Las autoridades destacaron que la nueva legislación es fruto de un trabajo de larga data entre el Estado y el mundo privado, que ha incluido fuerzas de tareas con distintos gremios, como los centros comerciales, asociaciones de bancos, empresas de seguridad electrónica y otras industrias.
“Es una industria que ha crecido sobre el 400%, tiene cerca de 500.000 personas asociadas al funcionamiento del sistema de seguridad privada, incluyendo vigilantes y guardias, y ha facturado más de 2 mil millones de dólares. Esta ley moderniza los sistemas de certificación, que es una de las cosas que la industria requería con urgencia, pero también permite en consecuencia la focalización de recursos operativos de la policía en sus labores”, señaló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Detalles de la nueva Ley de Seguridad Privada
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, resaltó que la nueva normativa establece nuevas obligaciones para las entidades que serán reguladas, entre ellas, plazos de denuncia de los delitos de los que hayan sido víctimas, a fin de facilitar su persecución.
Asimismo, hizo hincapié en las disposiciones específicas para la realización de eventos masivos que contempla esta nueva ley y la mayor especialización que tendrán guardias y vigilantes.
“Con esta nueva normativa estamos modernizando las capacitaciones al personal de seguridad privada, que van a distinguir entre distintos niveles de riesgo y van a tender a la especialización según el tipo de actividad de seguridad privada. Y también regula de manera más detallada la seguridad privada de eventos masivos, ya que actualmente no existía una norma de rango legal de aplicación general”, manifestó.
En mayor detalle, la nueva normativa:
- Simplifica la regulación y establece un solo tipo de entidades obligadas a disponer de seguridad privada, de acuerdo con los niveles de riesgo que implica su actividad para la seguridad pública.
- Asimismo, dispone de nuevas sanciones y multas, tanto para los incumplimientos de las empresas de seguridad privada como para los eventos masivos, y crea un canal de denuncia anónima para informar posibles infracciones.
- En cuanto al órgano rector encargado de las autorizaciones y certificaciones, esta tarea estará a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, que tendrá la atribución de otorgar, denegar, suspender y revocar autorizaciones a las personas naturales y jurídicas que presten servicios de seguridad privada.
- La Subsecretaría de Prevención del Delito será la encargada de dictar instrucciones, interpretar el reglamento, actuar como órgano de consulta y mantener un registro de las entidades obligadas.
