Gobierno ingresa proyecto “Cautelares Reforzadas” para fortalecer protección de mujeres víctimas de violencia
El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Cautelares Reforzadas”, iniciativa destinada a fortalecer la protección de víctimas de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.
El proyecto modifica distintas normas vinculadas a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, los Tribunales de Familia, el monitoreo telemático, la seguridad pública municipal y el Código Procesal Penal.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, destacó que “este proyecto de ley propone establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o malutilicen y destruyan un dispositivo de monitoreo telemático. Además, amplía las facultades de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización de estas resoluciones, porque necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”.
Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, indicó que “presentamos un proyecto de ley que permitirá asegurar que ninguna víctima quede desprotegida durante la tramitación ante un tribunal de familia o ante la justicia penal. Se trata de un conjunto de modificaciones que fortalecen la legislación existente para reforzar la protección de todas las mujeres”.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa busca asegurar la continuidad de las medidas cautelares cuando una causa pasa desde un Tribunal de Familia a la justicia penal, estableciendo reglas de supervisión mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia y un protocolo de coordinación entre ambas instancias.
También incorpora una nueva medida cautelar para prohibir el hostigamiento o acecho a través de medios digitales contra la víctima y sus hijos o hijas, y establece que la judicatura deberá pronunciarse sobre medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes cuando corresponda.
El proyecto amplía además las facultades de los inspectores de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización, elimina el requisito de formalización para acceder al monitoreo telemático y establece consecuencias para quienes arranquen o inutilicen intencionalmente estos dispositivos.
Asimismo, dispone que el incumplimiento de medidas cautelares sea considerado al evaluar la procedencia de la prisión preventiva —sin que esto implique su aplicación automática— y permite que, en tribunales integrados por más de tres jueces o juezas, uno de ellos pueda conocer preferentemente las causas de violencia intrafamiliar.
