Investigan el impacto de la migración en la agenda parlamentaria
La migración ha transformado la vida cotidiana del país y las demandas que llegan al Estado. Pero ¿cómo ha respondido el Congreso chileno a esta nueva realidad? Para responder esta interrogante, académicos de la Universidad de Talca realizan una investigación denominada “Migración y representación parlamentaria en Chile: oficios, discursos e iniciativas legislativas (1990–2026)”.
El estudio, liderado por el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la casa de estudios, Mario Herrera Muñoz, busca comprender cómo la representación política responde a una sociedad que cambia producto de la migración, un fenómeno que genera nuevas exigencias para las instituciones públicas. “Este proceso supone no solamente una adaptación para la sociedad, sino que también una adaptación para la clase política”, explicó.
A diferencia de estudios centrados únicamente en la producción legislativa, esta investigación observa registros que forman parte del trabajo cotidiano del Congreso, como oficios parlamentarios, discursos e iniciativas de ley. Esa mirada permite identificar no solo qué normas se proponen o discuten, sino las preocupaciones se levantan, qué temas se fiscalizan y cómo ciertas demandas ciudadanas ingresan al espacio institucional.
El estudio contempla, además, una innovadora herramienta de análisis lingüístico, que es el desarrollo de un diccionario de palabras orientado a identificar expresiones, contextos y formas discursivas utilizadas en el tratamiento parlamentario de la migración. Su objetivo no es reemplazar la interpretación académica, sino aportar evidencia para estudiar cómo ciertas ideas circulan en espacios formales de deliberación.
Primeros hallazgos
El académico destacó que la ejecución del proyecto está generando los primeros hallazgos relevantes. “El primero es que la participación electoral de los residentes extranjeros es sistemáticamente menor que la de los nacidos en Chile, aunque crece de forma sostenida entre 2012 y 2020, y responde a factores sociodemográficos como el género y la edad”, señaló.
El segundo descubrimiento surgió al examinar la militancia partidaria, “una forma más exigente y duradera de incorporación que el solo voto. Los chilenos tienen ocho veces más probabilidad de militar que los extranjeros. Entre estos últimos, la afiliación es más frecuente entre las mujeres y se concentra en la izquierda, pero la participación electoral es más alta entre los militantes de partidos de derecha”, detalló.
Un tercer hallazgo tiene que ver con la población nativa. “La cohorte socializada bajo la dictadura (1973–1990) es cerca de trece puntos porcentuales más propensa a rechazar el sufragio migrante que las generaciones formadas en democracia, un patrón generacional y no de mera edad, que persiste al controlar por ideología y revela una disposición amplia a tratar a los migrantes como exogrupo”, indicó.
Estos resultados, de acuerdo con el académico, “ayudan a distinguir la incorporación por la vía de los derechos de la incorporación por la vía organizacional y cruzan el comportamiento de los migrantes con la legitimidad social que la población receptora otorga a esos derechos”.
Oferta de políticas
“La migración normalmente es estudiada desde la demanda de políticas, pero no desde la oferta de políticas, o sea, generalmente se analiza desde lo que la ciudadanía pide, pero no desde lo que los legisladores están ofreciendo”, señaló el investigador.
Uno de los componentes centrales del estudio son los oficios parlamentarios, instrumentos mediante los cuales diputados y senadores solicitan información a organismos públicos o fiscalizan la acción del Ejecutivo. Para Herrera, estos registros permiten comprender con mayor detalle la relación entre Congreso, Estado y ciudadanía.
De acuerdo con la sistematización elaborada por el académico, con datos del Congreso, entre 2002 y 2026 se registraron 270.557 oficios parlamentarios, de los cuales 2.758 estuvieron vinculados a migración. La presencia del tema ha crecido especialmente entre 2022 y 2026 donde se contabilizaron 1.777 oficios sobre migración, equivalentes a 18,17 por legislador, la cifra más alta del período.
Estos antecedentes serán parte de una mirada más amplia. Aunque la sistematización de oficios disponible considera el período 2002–2026, el proyecto aborda un marco temporal mayor, entre 1990 y 2026; sin embargo, para el tramo 1990–2001 solo se realizó análisis legislativo, debido a la escasa presencia de documentos sobre migración en otras fuentes.
Esa amplitud permitirá observar cómo el tema migratorio fue adquiriendo presencia en la agenda parlamentaria y cómo ese proceso se relaciona con transformaciones del sistema político chileno.
Una investigación al servicio de la gestión pública
El proyecto también puede aportar información útil para comprender cómo el Estado responde a transformaciones sociales complejas. El análisis de datos legislativos y electorales permitirá, por su parte, observar patrones, tensiones y formas de respuesta institucional relevantes para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
La iniciativa se enmarca, además, en las áreas de interés del Magíster en Gobernanza, Innovación y Gestión Pública que dicta la UTalca, integrando distintas disciplinas que forman parte del postgrado.
Datos que aportan al análisis institucional
El proyecto estudia registros parlamentarios y electorales para observar cómo el fenómeno migratorio ha sido procesado por el Poder Legislativo chileno entre 1990 y 2026.
Datos:
1,6 millones de Personas migrantes viven en nuestro país, según estimaciones recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
205 legisladores Integran el Congreso Nacional (155 diputados y 50 senadores), espacio clave donde se discuten, revisan y aprueban iniciativas relacionadas con migración.
270.557 oficios parlamentarios reflejan las solicitudes de información y fiscalización sobre temas migratorios en el Congreso entre 2002–2026.
2.758 oficios sobre migración es el total de oficios sobre migración registrados entre 2002 y 2026, con un promedio de 10,19 por legislador.
