Tesorería General de la República inicia cobranza contra deudores del CAE
La Tesorería General de la República (TGR) anunció que, a partir de este lunes 6 de abril de 2026, se da inicio formal al proceso de cobro masivo a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que se encuentran en situación de mora. La medida busca recuperar recursos públicos luego de que la deuda acumulada se multiplicara por ocho desde 2018, alcanzando una cifra crítica de $4 billones.
Actualmente, existen más de 550 mil personas con cuotas pendientes. Según explicó la institución, al operar el Estado como aval, el Fisco ya cumplió con la obligación financiera ante los bancos y ahora asume su rol de acreedor para resguardar el patrimonio fiscal.
Acciones judiciales para rentas altas
El plan de acción de la TGR contempla un enfoque segmentado según el nivel de ingresos de los deudores. La medida más estricta comienza hoy para quienes perciben ingresos mensuales superiores a $5 millones.
Para este segmento, la Tesorería informó que:
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Se inician acciones judiciales directas.
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No habrá acceso a convenios de pago para este grupo específico.
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El proceso incluye juicios ejecutivos que podrían derivar en embargos o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones y otros activos financieros.
Llamado a la regularización
Para el resto de los deudores con rentas menores, la TGR enfatizó que el objetivo es facilitar la regularización de la deuda mediante convenios de pago. Por ello, se hizo un llamado a los beneficiarios a ponerse al día para evitar el avance de las etapas de cobranza.
“El objetivo es resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones”, señalaron desde el organismo.
Contexto de la deuda
La explosión de la morosidad ha puesto bajo presión las arcas fiscales. El paso de una deuda de niveles moderados en 2018 a los $4 billones registrados en 2025 ha motivado este despliegue administrativo y judicial. La TGR recalcó que el proceso se ajusta estrictamente al marco legal vigente y busca diferenciar a quienes tienen capacidad de pago efectiva de aquellos en situaciones de vulnerabilidad, enfocando sus mayores esfuerzos de recuperación en los tramos de ingresos más altos.
