Salario mínimo v/s poder adquisitivo: las tensiones económicas entre ingresos reales y el alto costo de vida

La propuesta de reajuste del salario mínimo hasta los 546.546 pesos en 2026 instala un debate sobre el poder adquisitivo y la estabilidad económica en un contexto de inflación persistente. Aunque el Banco Central proyecta una convergencia hacia el 3% en 2027, persisten riesgos globales que podrían presionar los ingresos reales de los hogares, creando un escenario en el que el aumento mensual de $7.546 que ha ingresado el gobierno difícilmente logrará mantener la capacidad de consumo de las familias, ni tampoco mejora las condiciones de productividad o competitividad de la economía.

El economista y docente de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pablo Peña, sostiene que el incremento salarial es bajo y además se ve tensionado por dos procesos simultáneos: una política fiscal contractiva y un entorno internacional adverso. Ambos factores -según explica-, elevan costos, restringen el gasto y generan un clima de cautela en organizaciones, empresas y Estado que puede terminar afectando los ingresos de los hogares.

“Las familias enfrentan un escenario económico marcado por restricciones internas y presiones externas. Por un lado, el ajuste del gasto público -que incluye recortes en subsidios, programas sociales y el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO)- ha generado un alza en los precios del transporte, alimentos y comercio. Por otro, la economía global acusa los efectos de la guerra en Oriente Medio, con un aumento significativo en los precios de los hidrocarburos y posibles consecuencias recesivas para la economía real en el mediano plazo. Las condiciones restrictivas probablemente se mantendrán durante 2026, incluso si la situación en el Golfo Pérsico se estabiliza en el corto plazo”, deduce el docente, subrayando el carácter persistente del fenómeno.

Incidencias globales, decisiones domésticas

A propósito de ello, Peña advierte que el escenario internacional en último término determinará la evolución de los mercados energéticos y buena parte de la inflación local para este año. Destaca que, no sólo el precio de los combustibles incidirá directamente en la capacidad de gasto de los trabajadores, sino también las decisiones de política monetaria del Banco Central de Chile.

“En el escenario actual, la economía global y los shocks en los precios de los combustibles son factores determinantes. Si la estabilidad internacional mejora, Chile podría fortalecer su crecimiento, especialmente si se concretan inversiones en la industria minera, hoy favorecida por los altos precios internacionales. A nivel doméstico, es clave observar la reacción de los mercados financieros y los indicadores de inversión frente a las reformas en discusión, junto con la evolución de la inflación y sus efectos en la política monetaria, cuyos efectos se verán reflejados en el bienestar de las familias”, añade el experto desde una perspectiva integral.

Productividad estancada

Más allá de las repercusiones del conflicto en Medio Oriente, el especialista infiere que el problema de fondo no es solo coyuntural, sino también estructural, vinculado al estancamiento de la productividad laboral en Chile durante los últimos 15 años. Este factor, -según plantea-, limita el crecimiento sostenido de los salarios reales y condiciona cualquier mejora sustantiva del poder adquisitivo.

“El crecimiento de las remuneraciones nominales de 2025 cercano al 6% convive con un aumento real acotado y un desempleo en torno al 8,5%. Esto refleja un equilibrio frágil, donde la productividad no logra sostener mejoras estructurales y una parte importante de los trabajadores sólo puede acceder a empleos precarios y salario mínimo. Sin avances en inversión, capital humano y competitividad, los salarios seguirán creciendo de forma limitada y con baja incidencia en el poder adquisitivo de las personas”, planteó el economista, enfatizando esta dimensión estructural.

Medidas e incentivos

Peña subraya que la contención de las tensiones sociales entre salarios y poder adquisitivo dependerá de la implementación de medidas que compensen el ajuste económico en curso. En un contexto de restricción del gasto público, plantea que el Ejecutivo debiera promover mecanismos orientados a dinamizar la inversión, fortalecer el empleo y mejorar la eficiencia de los servicios, con el fin de amortiguar el impacto sobre los hogares y resguardar condiciones básicas de bienestar sin que estas estén estrictamente condicionadas por el ingreso de un salario mínimo.

“El desafío consiste en aplicar políticas que incentiven la inversión y la contratación, especialmente mediante estímulos tributarios y certezas regulatorias que favorezcan la actividad económica. A ello se suma la necesidad de una gestión más eficiente de servicios públicos como el transporte, la salud y la educación. Sin este tipo de medidas, los ajustes macroeconómicos terminarán recayendo con toda su fuerza sobre los presupuestos familiares durante 2026”, concluye el economista.