A casi dos años de la Ley Karin: comercio, educación y sector público concentran la mayoría de los casos de acoso laboral
A casi dos años de la implementación de la Ley Karin —marco normativo que entró en vigor en agosto de 2024 y se extiende hasta junio de 2026—, las cifras entregadas por la mutualidad reflejan un intenso uso de los canales de apoyo psicológico. En este periodo se han contabilizado más de 32 mil solicitudes de Atenciones Psicológicas Tempranas, un recurso diseñado para brindar contención y orientación a quienes denuncian situaciones de acoso o violencia laboral.
El desglose de los requerimientos evidencia que el acoso laboral concentra la gran mayoría de los casos con un 81,2% (equivalente a 26.392 solicitudes), seguido de lejos por la violencia en el trabajo, que abarca el 15,9% (5.166 casos). Por su parte, las denuncias asociadas a acoso sexual representan el 3,0%, sumando 964 atenciones. Desde una perspectiva de género, la brecha es significativa: el 73,1% de las personas que han requerido este servicio son mujeres, mientras que los hombres representan el 26,9% restante.
En términos de distribución sectorial, la problemática se concentra fuertemente en cinco áreas económicas, las cuales agrupan el 81,4% de los reportes:
Comercio y retail: 22,5%
Educación: 19,4%
Organismos gubernamentales y municipios: 18,4%
Servicios de salud: 10,7%
Industria: 10,4%
Isabel Contrucci, Directora de Estudios de la Achs, analizó este fenómeno señalando que tras un incremento inicial en las demandas durante 2024, las solicitudes han mostrado una tendencia hacia la estabilización y la baja progresiva. Para hacer frente a esta realidad, la institución ha impulsado diversas estrategias de apoyo normativo y preventivo, destacando la creación del Consejo Consultivo en alianza con la Fundación Carlos Vial Espantoso, la entrega del Sello Ley Karin para reconocer buenas prácticas, y la Alianza Nacional por la Capacitación junto a ChileMujeres, la cual ya supera las 14 mil personas instruidas.
Finalmente, desde la perspectiva de los retos pendientes, Contrucci advirtió que si bien el alto volumen de atenciones demuestra una mayor disposición a denunciar, también pone de relieve una deuda en materia preventiva. El desafío institucional radica en trascender la mera reacción ante la denuncia, promoviendo capacidades internas que permitan gestionar riesgos, capacitar equipos y frenar los conflictos antes de que evolucionen hacia dinámicas de acoso o violencia.
