Casi 2% del PIB: Poder Judicial informa millonarios pagos a cuatro años de la ley “Papito Corazón”
Desde la puesta en marcha del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos hace cuatro años, los tribunales de familia del país han decretado órdenes de pago que ascienden a $3.885.443.300.562 ($3,88 billones). Así lo informó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al presentar el balance oficial de la normativa entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026.
El monto total ordenado equivale al 1,98% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y se ha ejecutado a través de las dos vías que contempla la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos:
Procedimiento especial (cuentas bancarias e instrumentos financieros): Permitió decretar pagos por $822.205 millones, lo que significó un alivio económico para 404.400 representantes legales.
Procedimiento extraordinario (fondos de AFP): Mediante el retiro desde las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, se ordenaron transferencias por $3,06 billones en favor de 307.734 representantes legales.
Estado del Registro de Deudores y desafíos pendientes
En cuanto al funcionamiento del registro administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, los 141 tribunales con competencia en familia a nivel nacional han instruido 728.700 inscripciones en estos cuatro años. De ellas, 352.056 ya han sido canceladas, mientras que 376.644 continúan activas, acumulando una morosidad total de $54.833 millones.
Al analizar estas cifras, la ministra Chevesich recalcó que asegurar el cumplimiento de estas obligaciones incide directamente en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, señalando que el pago puntual resulta fundamental para cubrir tanto sus necesidades materiales como espirituales durante su desarrollo.
Si bien la titular del máximo tribunal valoró el rumbo de la legislación, advirtió que aún se requieren medidas complementarias para resguardar plenamente los derechos fundamentales de la infancia. Por último, destacó la labor de los funcionarios de los juzgados de familia y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, subrayando el alto desgaste humano que ha implicado absorber esta sobrecarga laboral sin contar con recursos adicionales.
