Caso Cloro: Alcalde de Linares enfrenta audiencia clave con la Fiscalía solicitando 15 años de prisión
Este martes 3 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, el Juzgado de Garantía de Linares recibe a 15 acusados por el emblemático Caso Cloro. En esta audiencia de preparación de juicio oral, la atención se centra en el alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, y en el exadministrador municipal John Sancho Bichet, para quienes la Fiscalía pide penas de 15 años y un día de cárcel, además de multas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa —liderada por la fiscal jefe de Linares, Carola D’Agostini— indaga presuntos delitos de fraude al Fisco reiterado y obtención fraudulenta de prestaciones estatales, imputaciones que habrían causado un perjuicio económico estimado en por lo menos $195.732.227 a los fondos municipales.
El origen: Contrataciones en plena emergencia por COVID-19
Las indagatorias se centran en las compras efectuadas a comienzos de 2020 por la Municipalidad de Linares para afrontar la crisis sanitaria. Un hito determinante fue el decreto suscrito por el alcalde Meza el 18 de marzo de 2020, mediante el cual declaró emergencia comunal y habilitó las contrataciones directas.
Según la acusación fiscal, esta medida propició adquisiciones al margen de los controles habituales, beneficiando en algunos casos a proveedores sin trayectoria técnica en el rubro o con aparentes nexos personales con funcionarios municipales.
30.000 litros de cloro (Educación Municipal): tuvo un monto de compra de $32.130.000, registrando un sobreprecio o diferencia observada por Contraloría de $24.390.000.
3.000 test de COVID-19: tuvo un monto de compra de $64.260.000, registrando un sobreprecio o diferencia observada por Contraloría de $49.260.000.
Totales sumados (Cloro + Test): representan un monto total de compra de $96.390.000 y un sobreprecio o diferencia observada total de $73.650.000.
Posteriormente, las pesquisas sumaron otros contratos de mascarillas y cajas de alimentos, consolidando la cifra de perjuicio investigada por sobre los $195 millones.
Medidas cautelares y reparos administrativos a sueldos
El desarrollo judicial del caso ha tenido hitos de alta complejidad mediática y legal
Medidas cautelares de Mario Meza: Tras la formalización en septiembre de 2024, el tribunal dictaminó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros imputados.
Prisión preventiva y posterior sustitución de John Sancho: Sancho cumplió prisión preventiva inicial en Parral, medida que en octubre de 2024 la Corte de Apelaciones de Talca revocó para reemplazarla por arresto domiciliario total.
Devolución de sueldos indébidos (Dictamen Contraloría 2026): En marzo de 2026, la Contraloría determinó mediante el dictamen D94N26 que Sancho percibió $22.648.367 mientras estaba impedido de trabajar por cautelares. El organismo enfatizó que no correspondía el uso de licencias o feriados legales para justificar ausencias judiciales y ordenó la restitución del dinero junto con un sumario administrativo.
Pruebas para el juicio y frente en el Tribunal Electoral
Para sostener las acusaciones en el eventual juicio oral, el Ministerio Público desplegará un amplio catálogo probatorio:
55 testigos y 432 documentos.
2 peritajes realizados por peritos de la PDI de Talca.
Petición de 11 años de presidio para el exdirector de Servicios Incorporados, Francisco Parra Flores, además de requerimientos para otros directivos de Salud, Educación y proveedores.
Dos causas abiertas en el TER del Maule
Paralelamente al juicio penal, Mario Meza afronta dos procesos ante el Tribunal Electoral Regional (TER) promovidos por concejales que solicitan su destitución por notable abandono de deberes:
Causa Rol 29-2023: Reactivada en septiembre de 2026 luego de que el Tribunal Constitucional rechazara un requerimiento presentado por la defensa del edil.
Causa Rol 50-2026: Presentada a fines de julio de 2026, respaldada en reparos de Contraloría sobre cotizaciones previsionales impagas, contratos de luminarias y el vencimiento sin entregar de cerca de $89 millones en tarjetas de beneficios escolares.
Escenario de la jornada
La audiencia de este 3 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Linares servirá para depurar el conjunto de evidencias que admitirá el tribunal. Tras la dictación del auto de apertura, la causa quedará lista para ingresar al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, donde se resolverá la inocencia o culpabilidad de las 15 personas imputadas.
