Funcionarios de INJUV se toman oficinas a nivel nacional por falta de respuestas del Gobierno

Tras más de un mes de movilización, los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), decidieron radicalizar la movilización nacional, ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades respecto al futuro del organismo y a la inexistencia de diálogo con el director nacional de la institución, de quien esperan asuma las responsabilidades políticas de la crisis en la que se encuentra el servicio.

A través de su Asociación de Funcionarios y Funcionarias (AFINJUV), se resolvió iniciar una toma indefinida de las direcciones regionales en todo el país, como una medida de presión, ya que, hasta la fecha, no han tenido respuestas concretas por parte de las autoridades respecto a una modernización institucional a largo plazo.

“Esta semana entramos en la semana 6 de movilización, la cual comenzó en rechazo del recorte presupuestario para el 2026, que significó la notificación a 38 funcionarios contratados por el Programa de Naciones Unidas (PNUD) de que su contrato finaliza el 31 de diciembre. No obstante, esta situación se viene arrastrando desde hace más de 5 años, donde nos hemos visto afectados por los continuos recortes presupuestarios en lo ítemes de ejecución de programas, dejándonos en una crisis programática”, señaló Octavio Yañez, integrante del directorio de AFINJUV.

En tanto, Patricio Mena, representante de los funcionarios en el Maule, agregó: “Hoy hemos radicalizado nuestra postura ante la nula respuesta de la autoridad nacional del servicio, hoy este gobierno esta desfinanciando el INJUV y dandole la espalda a las juventudes. El año 2024 es el maule llegamos a 10.000 jovenes con nuestros programas, trabajamos en las 30 comunas de la región en temáticas de salud mental, Violencias, salud sexual y reproductiva y autocuidado; nos vinculamos con municipalidades a través del programa compromiso joven. Hemos levantado un petitorio a nivel nacional y esperamos que las autoridades ministeriales tomen cartas en el asunto”.

Esta situación, se suma a que las autoridades han estado trabajando en una nueva institucionalidad, sin embargo, esta iniciativa ha sido elaborada de espalda a las funcionarias y funcionarios, así como también tampoco se ha invitado a participar a las juventudes que serán beneficiadas de este servicio.

Principales antecedentes

Según la propuesta de Ley de Presupuestos 2026, actualmente en tramitación en el Congreso, INJUV enfrenta un recorte de 875 millones de pesos, monto que financia programas fundamentales como Hablemos de Todo, Compromiso Joven, Observatorio de las Juventudes y Voluntariado.

A ello se suma el término anticipado del convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscrito entre el Estado de Chile y dicho organismo internacional. Este acuerdo, vigente hasta diciembre de 2026, fue interrumpido recientemente, lo que pone en riesgo la continuidad de dos direcciones regionales —Maule y Aysén— y de 38 puestos de trabajo, afectando gravemente la presencia territorial del servicio y la visibilidad de su oferta pública.

Denuncias y exigencias

Hace dos semanas, AFINJUV, junto a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as de Servicios Relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (FENAMIAS), entregó una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, solicitando la renuncia del director nacional del INJUV, Juan Pablo Duhalde y su equipo de asesores.

El documento, también presentado por las y los funcionarios de todas las regiones del país a los Delegados Presidenciales Regionales, señala que: “Durante los últimos años, se ha constatado una falta total de liderazgo, planificación y capacidad de gestión, expresada en la ausencia de lineamientos estratégicos claros, en el debilitamiento de los equipos regionales y en el profundo abandono del diálogo institucional con las y los trabajadores del Servicio. Lejos de fortalecer el rol público del INJUV, las autoridades vigentes han contribuido a su debilitamiento estructural, poniendo en riesgo su legitimidad y su función estratégica en la política pública de juventudes”.

Asimismo, las y los funcionarios denuncian la falta de espacios de participación y diálogo, pese a las reiteradas solicitudes para conformar instancias de trabajo conjunto en la definición de políticas internas. Según AFINJUV, esta actitud refleja un estilo de gestión autoritario y cerrado, contrario a los principios básicos de la administración pública, como la transparencia, la colaboración y el respeto al servicio público.

En la misiva también se advierte que las autoridades han estado elaborando una propuesta de nuevo Servicio Nacional de las Juventudes desde enero de 2025, sin participación ni consulta a las y los trabajadores.

Precarización laboral y falta de visión estratégica

Las dirigencias denuncian además que la situación del INJUV se agrava bajo un escenario de creciente precarización laboral, producto de decisiones administrativas que debilitan los equipos y deterioran las condiciones de trabajo.

Paralelamente, advierten que la actual dirección no ha sido capaz de generar nuevas propuestas programáticas que fortalezcan la oferta pública del Servicio ni que respondan a las necesidades de los casi 4 millones de jóvenes que constituyen su público objetivo.

Finalmente, subrayan que desde el año 2021 se ha observado una sostenida disminución del presupuesto institucional, afectando directamente la capacidad del INJUV para implementar políticas y programas que impacten efectivamente en los territorios.