Gobierno anuncia proyecto de ley para sancionar a padres por conductas violentas de sus hijos
El Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Fernando Rabat, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca establecer un nuevo régimen de responsabilidad parental. La medida surge como respuesta al incremento de la violencia escolar y los problemas de seguridad en establecimientos educacionales, trasladando la competencia de estos casos a los tribunales de familia.
Un enfoque preventivo y formativo
A diferencia del sistema actual, donde la aplicación de normas del Código Civil suele ser lenta e ineficaz, la propuesta pretende agilizar los procesos. Según explicó el ministro Rabat, el objetivo es generar una “señal clara” sobre el rol de los adultos en la crianza.
“El Estado podrá intervenir de manera más temprana y efectiva cuando menores incurran en conductas dañinas, activando a la justicia de familia no solo para sancionar, sino también para corregir y acompañar”, detalla el comunicado oficial de la cartera.
Medidas y sanciones
El proyecto apunta específicamente a episodios de bullying escolar, riñas y daños a la propiedad pública o privada. Tras evaluar si existió una falta de supervisión por parte de los cuidadores, el tribunal podrá dictar:
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Amonestaciones y multas económicas.
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Obligación de asistir a programas de habilidades parentales.
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Reparación del daño causado a las víctimas.
Desde el Ministerio aclararon que estas medidas no tienen carácter penal, sino que son proporcionales y formativas.
Diferencia entre daño civil e infraccional
La propuesta legislativa introduce una distinción clave para determinar las consecuencias legales:
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Responsabilidad Civil: Se aplicará cuando existan daños materiales o físicos a terceros, permitiendo exigir compensaciones económicas.
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Responsabilidad Infraccional: Se activará cuando se determine un incumplimiento de los deberes parentales, permitiendo al tribunal imponer medidas correctivas a los padres de menores inimputables.
Con este nuevo modelo, el Ejecutivo busca que la justicia de familia sea la herramienta principal para abordar la crisis de convivencia escolar, asegurando que los padres asuman un rol activo en la reparación de las conductas de sus hijos.
