Gobierno enfrenta críticas tras otorgar 56 reducciones de pena a condenados por delitos sexuales a menores
Un total de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por violación y abuso sexual infantil han sido concedidas por el Gobierno desde la asunción del mandato el pasado 11 de marzo. El beneficio, que afectó a 29 condenados por violación y 27 por abuso sexual, fue otorgado directamente vía administrativa sin responder a dictámenes o recursos judiciales.
Las rebajas fueron otorgadas bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, tras ser revisadas por la Comisión de Reducción de Condenas, la Seremi respectiva y la División de Reinserción Social. En el mismo periodo, el Ministerio de Justicia solo rechazó una solicitud vinculada a este tipo de ilícitos.
El debate legal por la retroactividad de la norma
La concesión de estos beneficios reabrió la discusión sobre el marco legal aplicable. Si bien la Ley N° 19.856 faculta las reducciones de pena previa evaluación de Gendarmería, una modificación promulgada en 2022 (Ley N° 21.421) excluyó expresamente a los autores de delitos sexuales contra menores de este tipo de prerrogativas. No obstante, al interior del Ejecutivo persiste el debate sobre si dicha prohibición aplica a causas por hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia.
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvo que el Ministerio se limitó a acatar el criterio de la Corte Suprema en fallos de amparo. Según el titular de la cartera, la doctrina del máximo tribunal dictaminó que a los condenados antes de 2022 les correspondía la aplicación de la norma anterior. Al ser consultado sobre la falta de comunicación pública de estas resoluciones, el ministro enfatizó que se trata de actos administrativos de carácter público.
En la misma línea, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó las críticas de malintencionadas y aseguró que el procedimiento se ajustó estrictamente al marco legal vigente.
Reacciones de la Suprema y la Defensoría de la Niñez
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se mostró cauta y manifestó no contar con los antecedentes suficientes para pronunciarse sobre el procedimiento adoptado por el Ejecutivo.
En contraste, la Defensoría de la Niñez expresó su profunda preocupación mediante un comunicado de prensa firmado por su titular, Anuar Quesille. El organismo solicitó formalmente al Ministerio detallar los criterios jurídicos y técnicos utilizados para cambiar el criterio histórico de la cartera, que denegaba beneficios a responsables de crímenes de esta índole.
Quesille remarcó que el Estado mantiene una obligación reforzada de proteger a los menores de edad y que aplicar un criterio generalizado de flexibilización supone un grave retroceso en la protección y reparación de las víctimas, sin descartar futuras acciones administrativas o judiciales al respecto.
