La confianza en las instituciones y su relación con el apoyo público de políticas energéticas

Para combatir el cambio climático es necesario transitar hacia una forma de producción de energía mucho más sustentable. En otras palabras, la eliminación gradual de los combustibles fósiles -en la producción energética- no es sólo una necesidad, es una condición inherente a la transición energética.

El académico del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la Universidad de O’Higgins (UOH), Gonzalo Palomo, explica que estas transiciones requieren implementar políticas públicas que muchas veces pueden ser percibidas -por la comunidad- como riesgosas, “por ejemplo, para la seguridad energética o por su impacto en la economía, y en este sentido, estos riesgos potenciales pueden afectar su apoyo público”.

Precisa que los procesos de transición energética no ocurren en un vacío institucional, por el contrario, son regulados y dirigidos por una serie de actores e instituciones que operan a distintos niveles, “disponen de distintas competencias técnicas y deben velar por el correcto funcionamiento de distintas acciones: unas generando políticas nacionales y otras aplicando dichas directrices a nivel local”.

Estos planteamientos fueron estudiados por el Dr. Palomo, junto a las investigadoras Nadja Contzen de EAWAG de Suiza, y Goda Perlaviciute y Linda Steg, ambas de la University of Groningen en Países Bajos. Juntos, utilizando el escenario energético de Países Bajos -que actualmente transita desde producción energética a base de gas natural, hacia energías renovables-, evaluaron “hasta qué punto la confianza en las competencias y la integridad de instituciones responsables de conducir dicha transición energética influía en su aceptabilidad pública”.

La confianza en las instituciones, no importando si está es asociada a las competencias técnicas o a la honestidad e integridad de las mismas, da cuenta de cuán dispuestas están las personas a exponerse a riesgos -reales o potenciales- debido al operar de estos actores, señala el académico de la UOH. “Por ello, la confianza en las instituciones es un muy buen predictor de aceptabilidad de políticas públicas y proyectos -en este caso- asociados a producción energética”.

“Particularmente -continúa- examinamos, si el alcance de la operación de las instituciones que gobiernan la política energética en Países Bajos -si operan a nivel más bien local o nacional- influye en cuán confiables la gente las percibe, y si las personas tienden a asociar un cierto tipo de confianza –relacionada a la competencia o la integridad de la institución- dependiendo de su nivel de operación. Sabiendo luego las dinámicas a la base de las confianzas en estas instituciones, evaluamos también cuál tipo de confianza se asociaba a mayor aceptabilidad de las políticas energéticas orientadas a reducir el uso de gas natural como fuente de energía”.

Honestidad, transparencia e integridad

A nivel local, explica el Dr. Palomo, las instituciones tendieron a ser percibidas como “más honestas y transparentes, mientras que, a nivel nacional, fueron percibidas como más competentes y con más conocimientos técnicos. Asimismo, nuestros resultados mostraron que, tanto para las instituciones locales como nacionales, la confianza asociada a la integridad aparecía como más relevante a la hora de asegurar apoyo público de políticas energéticas sustentables”.

Caso chileno

Gonzalo Palomo precisa que “si bien nuestras predicciones fueron probadas en el caso de Países Bajos, los resultados podrían, en principio, ser utilizados para examinar el caso chileno y, potencialmente, dar recomendaciones para incrementar la confianza en instituciones asociadas a la energía y la aceptabilidad de proyectos y políticas”.

Por ejemplo, el evaluar “hasta qué punto los chilenos confían en instituciones asociadas a energía -tanto a nivel local (municipalidades, gobernaciones) como central/nacional- y qué tipo de confianza asocian a cada uno de estos actores, permitiría desarrollar estrategias acordes para fortalecer puntos débiles. Así, si las personas evaluaran como poco honestas y transparentes a las instituciones, lo más razonable sería apuntar a intervenciones y cambios que busquen aumentar la participación pública en distintos niveles de toma de decisión. En cambio, si el problema radicara en la percepción de competencia de estas instituciones, proveer de profesionales con competencias técnicas, y dar cuenta de ello a la población, podría ser una alternativa a seguir”.