La inclusión comienza eliminando barreras
Para una persona con discapacidad, esperar nueve meses por una certificación no es simplemente una demora administrativa. Son nueve meses de incertidumbre, de trámites pendientes y, muchas veces, de dificultades para acceder a apoyos que pueden marcar una diferencia importante en su vida cotidiana.
Durante años nos hemos acostumbrado a hablar de listas de espera como si fueran solamente cifras. Las contabilizamos, las clasificamos y elaboramos informes sobre ellas. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que realmente significan para quienes están detrás de cada solicitud.
A julio de este año, Chile acumulaba cerca de 96 mil solicitudes pendientes de certificación de discapacidad, con tiempos promedio de espera de nueve meses. Una realidad que evidenció la necesidad de revisar un sistema que, en lugar de facilitar los procesos, terminaba agregando nuevas barreras.
La certificación de discapacidad no es un simple documento. Es una herramienta que facilita el acceso a prestaciones, beneficios y distintas medidas de apoyo. Por eso, cuando su tramitación se prolonga innecesariamente, las consecuencias van mucho más allá de una carpeta pendiente.
Frente a esta realidad, pusimos en marcha un nuevo sistema de calificación y certificación de discapacidad, impulsado conjuntamente por los ministerios de Salud y de Desarrollo Social y Familia. Una transformación que busca simplificar procedimientos, incorporar herramientas tecnológicas y reducir los tiempos de respuesta.
Entre sus principales cambios está la posibilidad de que miles de solicitudes que ya cuentan con los antecedentes necesarios continúen avanzando sin tener que comenzar nuevamente el proceso. También se incorpora una plataforma que permite mejorar el seguimiento de cada solicitud y mecanismos de acompañamiento para quienes necesitan completar su documentación.
En la Región del Maule, este trabajo ya ha permitido avanzar en más de 1.800 certificaciones que se encontraban pendientes, situándonos entre las regiones con menor rezago del país.
Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es el cambio de enfoque que estamos impulsando: que sea el Estado el que facilite el camino de las personas y no las personas las que deban recorrer una y otra vez distintas instituciones buscando una respuesta.
Porque la inclusión no se construye únicamente eliminando barreras físicas. También exige derribar aquellas barreras administrativas que muchas veces resultan invisibles para quienes no tienen que enfrentarlas.
Un procedimiento innecesariamente complejo, la falta de información o una respuesta que nunca llega pueden terminar limitando la autonomía de una persona tanto como otros obstáculos más evidentes. Por supuesto, modernizar un sistema no significa que todos los problemas estén resueltos. Todavía debemos acompañar a quienes mantienen solicitudes pendientes, fortalecer la coordinación entre instituciones y evaluar permanentemente los tiempos y resultados de este nuevo modelo.
Estoy convencido de que una sociedad verdaderamente inclusiva no es aquella que solamente reconoce las diferencias, sino aquella que trabaja para que esas diferencias nunca se transformen en obstáculos para participar, desarrollarse y vivir con autonomía.
Desde el Maule tenemos el desafío de seguir avanzando en esa dirección, articulando el trabajo de las instituciones, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.
Porque detrás de cada certificación pendiente hay una persona que merece una respuesta oportuna, un trato digno y la posibilidad de avanzar en sus proyectos de vida.
Por Pablo Olivares
Seremi de Desarrollo Social y Familia Región del Maule
