Prorrogan medidas de resguardo especial de zonas fronterizas en el norte grande
Por unanimidad el Senado respaldó la solicitud presidencial para prorrogar, por 90 días más, el sistema constitucional de infraestructura crítica en la macrozona norte, que autoriza a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública a ejercer tareas de resguardo de las fronteras
La medida – que también fue aprobada por la Cámara- apunta a contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.
Según se desprende de la solicitud presidencial, las acciones han “promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las fuerzas armadas y el gobierno, teniendo positivos efectos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados; en particular, ha permitido aprovechar los recursos logísticos, tecnológicos y humanos que poseen diferentes instituciones del Estado, de manera sinérgica, alcanzando un mejor control territorial; no obstante todo lo cual, las situaciones de peligro grave o inminente que motivaron la dictación del decreto supremo originario, aún subsisten”.
Durante el debate, los senadores Enrique Van Rysselberghe, José Miguel Durana y Kenneth Pugh manifestaron su preocupación por el resguardo que, según enfatizaron, “debe ser una prioridad para nuestro país”.
Declararon que, “el control migratorio es un factor determinante para recuperar la tranquilad y seguridad pública”, y agregaron que el control fronterizo debe ser más exigente, “principalmente por los ilegales”, ante actos que afectan la seguridad y la salud de la comunidad.
Reconocieron que el desplazamiento masivo de personas “es una situación compleja en la región”, que “requiere de algo más profundo que renovar un estado de excepción”, por lo que instaron a mayor capacidad de inteligencia”, más allá de las FF.AA..
En otro orden, se planteó la necesidad de continuar con resguardos en la macrozona sur, ante una futura desescalada de fuerzas armadas, anunciadas durante la última renovación.
Además, se dejó constancia de la preocupación sobre los recursos de la ley de presupuestos para las FF.AA., “qué solo alcanzan a financiar el 23% de los soldados”, señalaron algunos legisladores.
