Mediante convenio buscan apoyar a personas privadas de libertad que presenten problemas de enajenación mental

Con el fin de establecer una colaboración mutua la Universidad Autónoma Talca y la Defensoría Regional del Maule establecieron un convenio,el cual permitirá a través de programas, proyectos, pasantías, prácticas y otras actividades que desarrollen el conocimiento tanto de estudiantes como de profesionales ligados a este servicio de justicia.

El Vicerrector (I) de sede, Marcelo Cevas señaló que “para la universidad es motivo de orgullo y satisfacción firmar el convenio. Es muy significativo, porque a través del trabajo conjunto entre la Defensoría y la Universidad Autónoma se propende al cumplimiento de objetivos de ambas instituciones y, por tanto, es posible que nuestros estudiantes puedan incorporar a su práctica profesional el ámbito del derecho penal y procesal penal”

Inimputables

Una de las materias más relevantes, y que destacaron todos los presentes, consistirá en la posibilidad de que estudiantes de Derecho que cursen Clínica Jurídica, junto a sus profesores, aborden casos de procedimientos especiales respecto de personas imputadas que parecieren padecer de enajenación mental, lo que les permitirá comparecer a audiencias y ejercer el cargo de curador ad litem, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 458, 459 y siguientes del Código Procesal Penal.

Esta importante tarea será coordinada y trabajada de forma conjunta entre la Unidad de Estudios de la Defensoría maulina y la Clínica Jurídica de la carrera de Derecho de la casa de estudios talquina.

Al respecto, el Defensor Regional José Luis Craig enfatizó que “este convenio va a permitir que alumnos de quinto año que están en clínica jurídica puedan representar los intereses – no penales, porque para eso está el defensor penal público- sino intereses civiles de las personas que están con sospecha de inimputabilidad ante el tribunal”.

Contingencia

Craig, agregó que “en el Maule hay cerca de 350 personas que se encuentran con su procedimiento suspendido y que, eventualmente, podrían haber cometido algún delito, y de los cuales se sospecha inimputabilidad. Tenemos a diez personas internadas en las cárceles esperando un cupo para que sean evaluados por un centro psiquiátrico, por lo que este convenio resulta muy contingente considerando la postura de Gendarmería que interpuso un recurso de amparo en favor de 44 personas afectadas por enfermedades mentales y que están privadas de libertad en cárceles de Santiago”.

Finalizado el encuentro, el Seremi de Justicia recalcó que “tenemos que velar por el bienestar de las personas y de aquellas que están privadas de libertad, sobre todo cuando estas personas no deberían pasar por una privación de libertad como los inimputables por algún problema psiquiátrico. Vamos a trabajar mancomunadamente con la Defensoría y la Clínica Jurídica en toda esta temática que está en la actualidad”.