El Gobierno respalda sancionar el maltrato y abandono animal en el Registro de Actos Vandálicos
En el transcurso del debate legislativo sobre la creación del Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades (Boletín 18.341-25), el Ejecutivo hizo oficial su apoyo a la enmienda que busca incluir las conductas contra el bienestar animal dentro de los comportamientos tipificados en dicha nómina.
Las declaraciones fueron vertidas en el Congreso Nacional por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien subrayó que el objetivo central de la propuesta legal —asumida como compromiso presidencial el pasado 1 de junio— radica en castigar a quienes atenten contra bienes públicos o privados y generen perturbaciones de consideración al orden social.
En ese sentido, Pavez argumentó la adhesión del Ejecutivo a la propuesta formulada por el Partido de la Gente (PDG), señalando que el maltrato a los animales suele estar vinculado a incivilidades graves y a disputas que afectan la vida en comunidad y los entornos compartidos.
La moción promovida por el diputado Juan Valenzuela plantea incorporar dos causales específicas:
Crueldad animal: Casos de violencia o maltrato estipulados en los artículos 291 bis y 291 ter del Código Penal.
Abandono de mascotas: Situaciones de desamparo sancionadas bajo el marco legal de la Ley N° 21.020 sobre tenencia responsable.
Asimismo, la administración del Estado dio luz verde a la inclusión del vertimiento no autorizado de desechos tóxicos y residuos, al estimar que guarda la misma lógica de perjuicio a la salubridad y la armonía comunitaria.
Respecto a las observaciones planteadas desde la oposición para anexar los delitos de índole económica, el subsecretario desestimó su viabilidad en este catálogo. Explicó que dichas infracciones ya poseen un cuerpo legal propio y un marco punitivo ad hoc, por lo que alterar el sentido del proyecto desvirtuaría su foco. Pavez insistió en mantener la consistencia de la norma, enfatizando que hechos como la quema o secuestro de transporte público, el uso de artefactos incendiarios o la destrucción del patrimonio histórico deben recibir un castigo efectivo.
Finalmente, las autoridades valoraron la disposición y el acompañamiento parlamentario recibido por parte del bloque oficialista y la bancada del PDG para agilizar la tramitación de esta iniciativa.
