Gobierno inicia retiro masivo de cables en desuso a nivel nacional
Con un despliegue en la comuna de La Florida, el Gobierno puso en marcha este martes la implementación de la ley que mandata el ordenamiento y retiro de cables de telecomunicaciones en desuso. La medida, que llega tras seis años de tramitación legislativa, busca despejar el espacio público y garantizar la continuidad de los servicios ante la proximidad de la temporada de lluvias.
El lanzamiento fue encabezado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto a la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, y el presidente de Idicam, Rodrigo Ramírez.
Una intervención a escala nacional
El plan de ordenamiento no solo busca mejorar la estética urbana, sino que es una medida de seguridad crítica. Según explicó el ministro De Grange, la estrategia contempla más de 66 mil intervenciones distribuidas en las 16 regiones del país, abarcando tanto zonas urbanas como rurales, “El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las familias y la inserción urbana de los proyectos de telecomunicaciones. Queremos generar mejores ciudades para las actuales y futuras generaciones”, señaló el secretario de Estado.
Seguridad y conectividad
La urgencia de la medida radica en la prevención de emergencias. El exceso de cables y el desorden en el tendido aéreo representan un riesgo durante temporales, pudiendo provocar cortes de energía o caídas de infraestructura. Con este despeje, las autoridades buscan asegurar una conexión de alta calidad y mejorar la seguridad en el espacio público.
Por su parte, la subsecretaria Romina Garrido calificó este hito como el comienzo de “la mayor operación de ordenamiento de infraestructura digital del país”, enfatizando que la normativa permitirá fiscalizar con mayor rigor a las empresas responsables del cableado.
Finalmente, los representantes de los municipios y del sector técnico destacaron que este avance permitirá enfrentar con mejores herramientas la vulnerabilidad de las redes esenciales, garantizando que el bienestar de las personas y la seguridad pública sean la prioridad en el uso del espacio aéreo nacional.
