La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad rechaza la cancelación de expropiación de Colonia Dignidad
En una de sus intervenciones más crudas desde que asumió la cartera, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció un giro radical en las prioridades de inversión del Minvu. La decisión responde a un complejo escenario financiero: el presupuesto para este 2026 se encuentra comprometido en un 97% debido a deudas de arrastre, dejando al ministerio con un margen de maniobra prácticamente nulo para nuevas obras.
A este déficit se suma la instrucción del Ministerio de Hacienda de aplicar un recorte transversal del 3%, lo que ha llevado a la nueva administración a suspender proyectos calificados por el secretario de Estado como “faraónicos” o de baja urgencia social.
La medida más controversial de este ajuste es la cancelación definitiva de la expropiación de Colonia Dignidad, iniciativa que buscaba convertir el predio en un sitio de memoria. Poduje fue tajante al explicar que la revocación del decreto se debe a razones estrictamente financieras y no políticas.
“Solo la parte urbana cuesta $47 mil millones. No los tengo. Con esos recursos puedo reparar 1.500 viviendas en mal estado”, sentenció el ministro, marcando una distancia clara con la administración anterior.
Frente a lo anterior, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad emitió un comunicado señalando “manifestamos nuestro profundo rechazo y preocupación ante la decisión del gobierno de frenar el proceso de expropiación del sitio de memoria ex Colonia Dignidad. Lo que se ha anunciado no es un ajuste administrativo ni una reconsideración técnica: es un acto político regresivo que vulnera obligaciones y compromisos fundamentales del Estado de Chile en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”
Agregaron “El argumento económico utilizado por el gobierno resulta inaceptable. No existe una base pública transparente que permita sostener las cifras que se han insinuado. Existen tasaciones previas —incluyendo estudios encargados por Alemania a la GIZ, acordados por la Comisión Mixta y antecedentes del propio Estado de Chile — que no han sido debidamente considerados ni contrastados. Invocar el costo, sin transparencia ni rigor técnico, no es más que una excusa para encubrir una decisión política ya tomada”
“Lo que está en juego aquí es mucho más que un proceso expropiatorio. Es la credibilidad del Estado frente a las víctimas, frente a la sociedad y frente a la comunidad Internacional. Es la señal que se envía respecto de si los compromisos en derechos humanos son efectivamente políticas de Estado o meras declaraciones sujetas a la voluntad del gobierno de turno” dice el comunicado
La asociación expresó “Para las víctimas y sus familias, esta decisión constituye una forma de abandono. Les dice que incluso cuando el Estado reconoce oficialmente los crímenes cometidos, ese reconocimiento puede ser relativizado, postergado o vaciado de contenido. Les dice que la justicia puede esperar”
Finalmente, acotaron “Como organizaciones de derechos humanos reafirmamos nuestra decisión de seguir avanzando en la recuperación de este espacio como sitio de memoria, en el impulso de las investigaciones judiciales y en la defensa irrestricta del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad”
