Red internacional busca fortalecer la protección de comunidades expuestas a plaguicidas
El uso intensivo de plaguicidas se ha transformado en uno de los principales desafíos para la salud pública y la sustentabilidad de la agricultura a nivel mundial. En países como Chile, donde la producción agrícola constituye un sector estratégico para la economía, la creciente utilización de estos compuestos ha abierto, gracias a la evidencia científica levantada desde hace más de una década desde la Universidad Católica del Maule y otros planteles, un debate sobre sus efectos en trabajadores, comunidades rurales, niños y ecosistemas, impulsando la necesidad de contar con mejores regulaciones basadas en evidencia científica.
Con ese desafío como horizonte, la investigadora de la UCM y directora del Centro de Investigación en Estudios Avanzados del Maule (CIEAM) de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de dicha institución, Dra. Liliana Zúñiga Venegas, participó durante esta semana en una serie de actividades académicas en Rosario y Buenos Aires, Argentina, como parte del proyecto FOVI250099 “Red Interdisciplinar de Investigación sobre Plaguicidas y Justicia Ambiental”, iniciativa financiada por ANID y liderada por la Universidad del Bío-Bío.
La red reúne a investigadores de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay para abordar un fenómeno que no reconoce fronteras, como son los impactos sociales, ambientales y sanitarios derivados del uso de plaguicidas en la agricultura intensiva. Su propósito es fortalecer la investigación colaborativa, compartir experiencias internacionales y generar evidencia que contribuya a la actualización de políticas públicas orientadas a proteger la salud de las personas.
“Los plaguicidas representan un desafío común para muchos países agrícolas. Compartir experiencias y conocimiento científico permite visibilizar la problemática y comprender mejor los distintos escenarios de exposición y avanzar hacia estrategias de prevención más efectivas, especialmente para las comunidades vulnerables que viven y/o trabajan cerca de zonas de aplicación”, explicó la doctora Zúñiga.
Durante su estadía, la investigadora dictó una clase sobre salud socioambiental para estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y sostuvo reuniones de trabajo con el Instituto de Salud Socioambiental de esa casa de estudios, liderado por el médico Damián Verzeñassi, uno de los principales referentes latinoamericanos en investigación sobre los impactos de los modelos agrícolas intensivos.
Asimismo, presentó un seminario ante el Grupo de Epidemiología, Sociedad, Territorio y Ambiente (GESTA), de la Universidad Nacional de San Martín , donde expuso la experiencia chilena en vigilancia epidemiológica y evaluación de la exposición a plaguicidas.
Regulación y la vigilancia sanitaria
La participación de la académica da continuidad a una línea de investigación que para la Universidad Católica del Maule se constituye en uno de los ejemplos más relevantes de cómo la investigación universitaria interdisciplinaria puede influir en la discusión de políticas públicas. Sus estudios sobre exposición a plaguicidas en trabajadores agrícolas, población infantil y comunidades rurales han sido presentados en diferentes instancias como la Comisión de Agricultura del Senado, contribuyendo al debate nacional sobre la necesidad de fortalecer la regulación y la vigilancia sanitaria en Chile.
El proyecto FOVI permitirá ampliar ese trabajo mediante una red internacional que integrará conocimientos provenientes de la epidemiología, la salud pública, la sociología rural y la ecología política, incorporando además la experiencia de comunidades afectadas y organismos públicos. La meta es avanzar hacia una agricultura más sostenible y sistemas de vigilancia que permitan reducir la exposición de las personas a sustancias potencialmente peligrosas.
Para la Dra. Zúñiga, la colaboración internacional es hoy una condición indispensable para enfrentar un problema que afecta a millones de personas en distintas regiones del mundo y que genera controversia entre el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades.
“Las mejores políticas públicas nacen cuando la evidencia científica dialoga con las comunidades, las instituciones y la experiencia internacional. Ese es precisamente el valor de esta red, para desde una mirada interdisciplinar poder generar conocimiento que contribuya a proteger la salud de las personas y promover sistemas agrícolas más seguros y sostenibles, como la agroecología”, concluyó.
