Se aprueba ley que crea un registro oficial de víctimas de desaparición forzada
El Congreso Nacional dio su aprobación final al proyecto de ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una medida de reparación simbólica esperada por décadas por las familias de víctimas de la dictadura.
La iniciativa se enmarca dentro de las acciones del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia impulsado por el Gobierno.
La ley establecerá por primera vez la calificación legal para las víctimas de desaparición forzada ocurridas durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990.
¿En qué consiste el nuevo Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada y cómo funcionará?
La nueva ley crea un registro público, gratuito y de carácter digital que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.
El objetivo del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada es que el Estado reconozca oficialmente la ausencia de estas personas, dignificando su memoria.
La base de datos inicial será una nómina elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Esta lista se construirá incorporando los antecedentes ya existentes, provenientes de las comisiones de verdad y de las sentencias judiciales firmes sobre la materia.
Un acto de reparación: El impacto para las familias de las víctimas
Esta ley representa una herramienta de reparación simbólica clave para las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de cuerpos.
Uno de los avances más significativos es que los familiares podrán solicitar y obtener certificados gratuitos que acrediten la condición de “ausente por desaparición forzada” de sus seres queridos.
“Este es un paso muy significativo para que en nuestro país nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante la dictadura militar”, dijo el ministro de Justicia Jaime Gajardo.
Avance en el Plan Nacional de Búsqueda
La creación de este registro es una de las acciones impulsadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Con esta legislación Chile no sólo reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática de Estado durante la dictadura, sino que también refuerza la obligación de seguir buscando, esclareciendo los hechos y garantizando que estos crímenes no se repitan.
