Contraloría ratifica legalidad en el uso residencial y religioso del Palacio de La Moneda

La Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento definitivo este jueves, descartando la existencia de anomalías en el uso que la actual administración del presidente José Antonio Kast le ha dado al Palacio de La Moneda. El dictamen surge en respuesta a requerimientos presentados por grupos de ciudadanos que cuestionaban tanto la habitabilidad del recinto como la realización de actividades de carácter religioso en su interior.

Residencia y tradición institucional

En su resolución, el ente contralor fue enfático al señalar que el uso de La Moneda como residencia presidencial no constituye una falta. El informe recuerda que, históricamente, diversas áreas del palacio “han servido como espacios de trabajo institucional y también de residencia”, validando así la decisión del mandatario de pernoctar en la sede de Gobierno.

Respecto a la libertad de culto y las actividades religiosas, el organismo técnico sostuvo que estas se enmarcan en una tradición histórica dentro de la casa de Gobierno. En la actualidad, funcionan tres capellanías bajo autorización formal, cuya coordinación recae en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), liderada por Christian Jara y dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Restricciones por Monumento Nacional

Si bien el dictamen respalda la gestión administrativa del inmueble, la Contraloría incluyó una advertencia estricta respecto a la preservación del patrimonio:

• Prohibición de obras: No se pueden realizar remodelaciones, alteraciones ni intervenciones estructurales en el edificio sin el consentimiento previo y expreso del Consejo de Monumentos Nacionales.

• Marco Legal: Cualquier modificación que afecte el valor histórico del Palacio debe ajustarse a la Ley de Monumentos Nacionales, independientemente de su uso habitacional o protocolar.

Con este pronunciamiento, el Ejecutivo cierra un flanco de críticas administrativas, manteniendo la vigencia de las capellanías y el estatus del Palacio como residencia oficial bajo el amparo de la normativa vigente.