El “corazón” del gasto social en la mira: Oficio de Hacienda activa crisis política por posibles recortes a la PGU
Lo que comenzó como una revisión técnica de planillas fiscales ha escalado a una crisis política de proporciones. Un polémico oficio emitido por el Ministerio de Hacienda ha encendido las alarmas en el Congreso al proponer un ajuste estructural que toca las fibras más sensibles del sistema de protección social en Chile: la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la gratuidad universitaria.
El documento, suscrito por el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, instruye a las reparticiones públicas a proyectar una reducción de al menos el 15% en el presupuesto de 260 programas sociales con miras al erario nacional de 2027. Según reveló un informe de Ciper, el ajuste no solo afectaría a subsidios menores, sino también a beneficios masivos como el Bono Invierno y la Asignación Familiar.
Un ajuste de $2,8 billones hasta 2031
La estrategia de Hacienda no es transitoria. El oficio plantea una restricción plurianual que busca un ahorro permanente, extendiendo la sombra de los recortes hasta el año 2031. En términos globales, la poda presupuestaria sugerida asciende a los $2,8 billones.
El punto más crítico radica en los beneficios administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS). El paquete incluye rebajas a 17 prestaciones que, en conjunto, superan los $1,7 billones y afectan directamente a más de tres millones de personas. Además, el texto original mencionaba “descontinuar” 142 programas —término que Hacienda intentó matizar luego como “reformular”— en áreas críticas como alimentación escolar y transporte regional.
La “promesa empeñada” bajo presión
El ruido político ha cobrado especial fuerza debido a las promesas electorales del actual Ejecutivo. Durante la campaña presidencial, José Antonio Kast fue enfático al asegurar: “No vamos a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. Es más, en los debates de 2025, el entonces candidato llegó a exhibir una chapita con el lema “Te amo PGU”, blindando este beneficio ante cualquier duda de ajuste.
Hoy, la recomendación técnica de su propio ministro de Hacienda choca frontalmente con ese compromiso mediático.
La defensa del Ejecutivo
Desde el oficialismo han intentado bajar el perfil a la controversia, argumentando que el oficio representa meras “orientaciones técnicas” para la eficiencia del gasto y que cualquier modificación de esta magnitud deberá pasar obligatoriamente por una compleja tramitación legislativa.
Sin embargo, el flanco ya está abierto. La discusión en el Congreso ahora se centra en una sola pregunta: ¿es posible sanear las arcas fiscales sin golpear el núcleo de las ayudas sociales más valoradas por la ciudadanía?
