PDI admite en el Senado que falta de vínculos con Venezuela impide la expulsión de 6 mil personas
En medio de la ofensiva del Ejecutivo por acelerar el plan de deportaciones y endurecer la política migratoria, la Policía de Investigaciones (PDI) reconoció ante la Comisión de Gobierno del Senado una barrera estructural crítica: la imposibilidad de expulsar a cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos debido a la actual ruptura de relaciones diplomáticas con Caracas.
La revelación tuvo lugar durante la discusión del proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país, iniciativa que vive horas clave ante su inminente votación en sala.
Un “cuello de botella” diplomático
El prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, fue categórico al exponer las limitaciones que enfrenta la institución desde junio de 2025, fecha en la que se congelaron las expulsiones hacia territorio venezolano.
“No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, afirmó el prefecto ante la comisión, evidenciando que la falta de reconocimiento e identidad de los ciudadanos impide el visado necesario para su recepción en el país de origen.
Esta situación ha generado un estancamiento administrativo que afecta a miles de órdenes de deportación pendientes, transformándose en el principal obstáculo para las metas de seguridad y control fronterizo del Gobierno.
Costos logísticos y operativos
El problema no es solo de carácter diplomático, sino también financiero. Según antecedentes expuestos en el Congreso, el costo aproximado de cada operativo de expulsión —que incluye traslados, escoltas y logística— asciende a $3 millones de pesos por persona.
Considerando que en Chile se estima una cifra cercana a los 300 mil migrantes en situación irregular, la viabilidad de una política de expulsiones masivas ha sido cuestionada por diversos sectores debido a su alto impacto presupuestario.
El contraste en las cifras
La crisis de las deportaciones a Venezuela quedó de manifiesto tras el reciente vuelo oficial de expulsión que incluyó a 40 personas de nacionalidad colombiana, boliviana y ecuatoriana, pero ningún ciudadano venezolano, pese a que representan una parte significativa de la población migrante con órdenes vigentes.
Actualmente, la presión legislativa se centra en el avance de normativas que permitan gestionar la crisis migratoria, mientras el Ejecutivo enfrenta el desafío de cumplir una de sus promesas centrales de campaña bajo un escenario de límites estructurales y ausencia de puentes internacionales con Venezuela.
